Los intentos que se están haciendo en el municipio Torres, donde se pretende expropiar una empresa, deben ser motivo de preocupación para esa comunidad, porque las expropiaciones en Venezuela, durante los últimos veinte años lo que ha traído es desabastecimiento y miseria.
La opinión fue expresada por el Dr. Miguel Soto, quien fuera vocero de los productores del valle del Turbio cuando éste fue expropiado por el régimen, durante un proceso que comenzó en el 2007 y concluyó en el 2011.
El estentóreo grito de exprópiese, que profería Hugo Chávez e inmediatamente era obedecido por su camarilla genuflexa, constituyó el más insólito hecho administrativo, por cuanto violó el principio fundamental de la propiedad privada contenido en el artículo 115, expresó.
Toda expropiación que se intente hacer tiene que regirse por causa de utilidad pública o interés general.
A través de ese concepto, el Poder Ejecutivo tiene que probarle al Poder Judicial que existe un motivo para intervenir sobre un bien privado.
No puede ser una medida arbitraria, caprichosa o venganza política.
La decisión tiene que tener sentencia firme para su aplicación.
La orden de exprópiese condujo al abuso, que fue lo que pasó en Venezuela y lo hizo Chávez porque tenía la mayoría de voto.
La expropiación tiene que hacerse como lo establece la Constitución, que claramente precisa el pago oportuno, mediante justa indemnización. Eso no se cumplió, pues apenas el 3 por ciento de los bienes expropiados fueron pagados a individuos por ser afines al chavismo.
Si se hiciera una encuesta sobre por qué se expropió el hotel Hilton, hoy Jirahara, el noventa y nueve por ciento de los encuestados no sabría contestar porque, en verdad, esa medida no tenía utilidad pública o interés general. Fue forzada.
Otro de los casos es el del valle del Turbio el cual fue expropiado, supuestamente, para sembrar girasoles y caraotas.
«Los propietarios me llamaron para que les sirviera de representante ante el Instituto Nacional de Tierras a fin de evitar la aplicación drástica de esa medida y proponer, como en efecto, lo hicimos mediante documento, de crear un refugio ambiental, pero el organismo se negó a recibirnos y nos cerró las puertas».
Conviene aclarar que lo expropiado fueron dos mil hectáreas, porque el valle del Turbio se extiende desde El Garabatal a Valle Hondo y cubre también un gran espacio de Yaracuy y un pedacito de Cojedes. Quienes firmaron esa expropiación fueron el ministro Elías Jaua y el presidente del Inti, Juan Carlos Loyo.
«Ahora preguntamos: qué se hizo el proyecto, porque lo ocupado por el régimen quedó en el abandono, se dejó de sembrar la caña que necesitaba el Central y bajó la producción agrícola, además que las familias que se ocupaban de ese cultivo fueron sumidas en la mayor pobreza. Baste ese de entre muchísimos ejemplos que se pueden dar para rechazar cualquier expropiación que no se ajuste a la Constitución».
