Una verdadera pesadilla viven los propietarios Supleagro, empresa dedicada a la venta y comercialización de combustibles derivados del petróleo en la ciudad de Carora, en el estado Lara.
Lo que inició como un acercamiento para ampliar el negocio terminó siendo un suplicio para María Elena Baron, Óscar Meléndez y Beatriz Meléndez, propietarios de esta empresa, quienes desde hace más de un mes han sido objeto de todo tipo de atropellos.
De acuerdo con una declaración formal que hicieron llegar a Elimpulso.com, en octubre de 2019 establecieron conversaciones con el señor Luigi Rivero para iniciar una alianza estratégica y financiera que permitiera el crecimiento del negocio, con miras a una sociedad.
No obstante, no se llegó a ningún acuerdo por cuanto la persona en cuestión se tomó atribuciones que no le correspondían, sin la autorización de los propietarios quienes nunca recibieron dinero en moneda extranjera por concepto de venta o negociación de la empresa.
El caos
Según el testimonio de los agraviados, el conflicto con Luigi Rivero llegó a la violencia física.
En detalle, «el 16 de diciembre de 2019, fecha pautada para una reunión, Rivero se presenta en un estado de ira tal que sin mediar palabra y a todo grito, dijo que autoriza a los trabajadores a que invadan las instalaciones, el patio interno y declara que a partir de ese momento quedaba tomada la empresa, apropiándose indebidamente de las instalaciones de la empresa y sus bienes muebles, cambiando cerraduras, colocando personas para impedirnos el acceso a las instalaciones perturbando así nuestra propiedad y posesión pacífica, imposibilitando el sustento monetario necesario para cubrir nuestras necesidades básicas, tres familias conformamos este grupo, entre cuyos miembros se encuentran seis menores de edad, algunos en edad escolar, sembrando el miedo por las amenazas sobre nosotros y el patrimonio«.
Al día siguiente, continúa la declaración, Beatriz Meléndez, se apersona en las instalaciones Supleagro y en un instante que estuvo abierto el portón de acceso, procedió a tomar unas fotografía de lo que fue su oficina, hoy destruida… «Es cuando Luigi Rivero la agredió física, psicológica y verbalmente, robándole su teléfono e invadiendo su privacidad, procediendo incluso a borrar información personal contenida en el mismo».
De acuerdo con esta información, ninguna fiscalía del Ministerio Público con sede en la ciudad de Carora les atendió, venciéndose la flagrancia. «Es hasta el día viernes 20 de diciembre de 2019, que después de mucho insistir nos reciben la denuncia, sellan la copia como comprobante de recepción sin hacer ningún trámite, ni declaración, ni medida de protección. Transcurren los días, insistimos y finalmente acceden a tomar declaración y solicitan se practique valoración médico forense, el informe es consignado en el expediente el 26 de diciembre de 2019, pero no se corresponde a las lesiones que presentaba Beatriz Meléndez».
Otros hechos irregulares hay en torno al caso. Por un lado, hay dos informes forenses sobre la misma persona y no concuerdan en sus resultados.
Además, ni la Fiscalia 25 con competencia por violencia de Género ni la Fiscalia superior del estado Lara han intervenido, teniendo pleno conocimiento del caso.
Cual lejano oeste
Otro hecho grave ocurrió el pasado 31 de enero, según la versión de los propietarios.
«Luego de una inspección judicial, solicitada por nosotros, en las instalaciones de nuestra empresa, fuimos brutalmente embestidos por un grupo de más de 25 hombres, uniformados como trabajadores de la empresa Harina La Coromoto, enviados por Rivero Guevara, comandados por Darvin Cordero y José Gregorio Pereira, quienes con armas contundentes, a bordo de un tractor tipo payloader derribaron los portones de la empresa, además de un volteo, una grúa y tres vehículos particulares irrumpieron hacia la sede funcional y administrativa. Con saña y violencia atacaron a cinco mujeres y un joven indefensos miembros de la familia Meléndez, robaron los teléfonos celulares a cuatro de las personas agredidas en forma de agavillamiento, todo a la vista de un gran número de personas que al percatarse de esto se apersonaron al lugar y tanto agresores como vehículos fueron retenidos, el procedimiento por flagrancia fue tomado por el CICPC».
A pesar de las denuncias formales, señalaron, éstos quedaron casi de forma inmediata en plena libertad, causando conmoción pública en la zona.
«Este escenario ha puesto en evidencia la impunidad reinante que nos pone en una situación de indefensión a merced de la acción delictiva de Rivero y su entorno».
En este sentido, los propietarios de Supleagro, esperan una solución por los medios legales y se preguntan dónde están las autoridades con competencia, pues este hecho revela la corrupción desmedida y la perturbadora acción de la violencia que galopa sin freno en nuestro país.
