Por un proceso judicial claro, sin dilaciones innecesarias, en respeto a los lapsos procesales, apegado a la ley y libre de irregularidades se pronuncia la organización Transparencia Venezuela en el sonado caso de “Morella”, al fijar posición en torno al presunto secuestro de la mujer por más de tres décadas.
En efecto, la mujer presuntamente fue mantenida en cautiverio, en contra de su voluntad, más de 31 años, por un hombre identificado como Matías Enrique Salazar Moure (56), a quien la Fiscalía 25 de Maracay, estado Aragua, imputó por los delitos de violencia psicológica, amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual.
Se recuerda que el caso salió a la luz el pasado 24 de enero, cuando la mujer de 49 años acudió al Instituto de la Mujer del estado Aragua, para denunciar que Salazar Moure la mantuvo privada de libertad desde que contaba con 17 años. Su última morada con el agresor fue un apartamento ubicado en la urbanización Los Mangos, avenida Constitución de la capital
aragüeña.
De acuerdo con el testimonio de la víctima, su entonces novio la engañó y la manipuló para que abandonara su hogar en Naguanagua, estado Carabobo. Tras conocer de los hechos, el agresor fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Posteriormente, se informó que otras tres mujeres, entre ellas su esposa e hija, también habían permanecido incomunicadas y sometidas a tratos crueles.
Aunque el Juzgado Segundo de Control del estado Aragua, que lleva la causa determinó como sitio de reclusión el centro de detención Alayón, el imputado permanece privado de libertad en una comisaría. Además, allegados han expresado su preocupación porque dada la posición económica de Salazar y sus presuntos vínculos con autoridades locales, la denuncia de Morella sea desestimada y reine como en tantos otros casos la impunidad.
Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado si desestimó los casos de las otras tres mujeres que presuntamente Salazar Moure habría mantenido cautivas en la misma ciudad. Ante esta situación, Transparencia Venezuela solicita a las autoridades investigar a fondo los hechos y, de comprobarse su culpabilidad, imponer a Matías Salazar la pena que establece la Ley.
