Nosotros: La Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente – Sorgo -, La Sociedad de Cañicultores del Distrito Torres – Socatorres-, La Asociación de Comerciantes de Carora, y La Asociación de Criadores de Ganado Carora, manifestamos nuestra gran preocupación por los hechos acaecidos en la estación de servicio Supleagro, el pasado Viernes 31 de enero. La sociedad caroreña ha sido sacudida por hechos ocurridos en torno a un proceso de negociación particular que transcendió del ámbito mercantil, de interés netamente privado, a esferas de confrontación violenta que por su naturaleza son de interés publico y ameritan la acción del Estado como garante de la legalidad.
Es el caso del conflicto que tiene como objeto la situación jurídica de la empresa Supleagro, donde luego de unos acuerdos privados sobre los cuales no se tiene información precisa, sus propietarios denuncian que fueron despojados a la fuerza de sus instalaciones y aducen que lo convenido de manera informal con la persona a quienes harían socio no llegó a concretarse.
Sobre el fondo de estos acuerdos entre partes no existe un conocimiento claro por parte de la opinión pública, pero si hay conmoción por el resultado violento de este proceso, observando toda la comunidad como se han querido solucionar las diferencias mediante esquemas primitivos de agresión al margen de toda norma civilizada y la tutela del Estado de Derecho.
No es admisible que en un país donde su Constitución garantiza protección para la propiedad privada y existe un sistema judicial para dirimir conflictos sobre su uso y disfrute se accionen mecanismos particulares violentos que se colocan totalmente de espaldas a la legalidad. Tampoco es permisible y es algo que debemos rechazar como ciudadanos de paz que conflictos de esta naturaleza culminen en cruentos dramas como el ocurrido el viernes 31 de Enero de este año cuando hubo un episodio bochornoso en el cual notoriamente había una desigualdad enorme entre los involucrados, por una parte cinco damas, dos de ellas de la tercera edad, y por otra un grupo, contado en decenas, de hombres armados de objetos contundentes quienes según testimonio de la contraparte cometieron agavillamiento ocasionando daños corporales y morales a las cinco damas y a un joven también indefenso.
Frente a este escenario donde se denuncia despojo de una propiedad y agresiones, en un marco de violencia que ha impactado negativamente a toda la comunidad caroreña, nosotros, representantes de gremios y asociaciones de amplia y reconocida trayectoria de trabajo y aportes al Municipio Torres solicitamos a las instancias de autoridad se abra una investigación pública, con garantías plenas para los involucrados, con el fin de clarificar según la aplicación del Derecho y las normas elementales de convivencia, en él contenidas, la verdad de todo este asunto y se haga justicia de acuerdo a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y con ello se impida la comisión de presumibles arbitrariedades nacidas de brumosos procedimientos entre las partes ahora en conflicto.
