El problema de los prisioneros pasó de ser un número a una violación flagrante pública y notoria de los derechos humanos, denunció el diputado Edgar Zambrano, vicepresidente de la Comisión Justicia y Paz de la Asamblea Nacional al ser entrevistado por Elimpulso.com.
Existen en la actualidad un promedio de 400 prisioneros, entre civiles y militares, quienes vienen siendo sometidos de manera reiterada a la negación del legítimo derecho a la defensa y al debido proceso, irregularidades que han sido denunciadas en las instancias internacionales correspondientes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ante los gobiernos y parlamentos democráticos del mundo, quienes han expresado su solidaridad y condenatoria a estos abusos de poder. Hay un sinnúmero de medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana que no son acatada por el Estado venezolano, lo que significa el incremento de las violaciones de los derechos que tienen los presos políticos.
En este sentido, el parlamentario señaló que el régimen desconoce los pactos y tratados internacionales firmados por la república en la materia respectiva, así como en el tratamiento de los prisioneros.
Desde el parlamento nacional en la Comisión de Política Interior, Política Exterior, Seguridad y Defensa y en las comisiones especiales, como la Justicia y Paz, se han activado diversos mecanismos de denuncias y reclamos, pero también de asistencia directa a prisioneros y familiares, como parte del accionar del cuerpo parlamentario.
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El caso más emblemático de la situación denunciada es el los policías metropolitanos, quienes son merecedores, de acuerdo a la norma procesal venezolana, a una serie de beneficios; pero, se los han negado sistemáticamente-
Ellos deberían estar en libertad, recordando adicionalmente que el juicio al que fueron sometidos está plagado de irregularidades, ya que el objetivo del régimen era criminalizarlos y condenarlos, como en efecto ocurrió.
El diputado Zambrano se refirió a los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dra. Michelle Bachelet, en los cuales aparecen todos los hechos de violaciones a esos derechos en nuestro país.
Y dijo que al impedir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, constituye un hecho negativo, desde todo punto de vista, y una confesión por parte del Estado de violar los derechos cuando niega lo que pide para otros países.
Hizo hincapié en la atención en términos de salud, la cual es permanentemente negada. Los presos no reciben ni atención primaria, ni atención de estado clínica grave, ni tampoco intervención quirúrgica o tratamiento oncológico.
