Para el Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel), Robert Sánchez, lo que está ocurriendo con la administración pública en la entidad, es un genocidio en cámara lenta, debido a que a los trabajadores de este sector no les alcanza el sueldo ni para pagar el pasaje.
“Comportamos una situación de desempleo. Está en pleno desarrollo la supresión del sistema de la administración pública, y esto se expresa cuando el trabajador recibe 200 mil bolívares por una cesta de alimentación; eso es una burla. Además de escalas salariales aplanadas y que hoy en día representan 15 mil bolívares diarios para un trabajador profesional”, expuso Sánchez.
El líder sindical señaló que la gobernadora Carmen Meléndez está al tanto de esta situación, sin embargo ha sido indiferente y cómplice ante la misma.
Según Sánchez, de 32 mil trabajadores con los que contaba la gobernación el año pasado, ya quedan alrededor de 25 mil, pues éstos se han ido debido a las pésimas condiciones laborales y salariales, además de no tener garantía de recibir sus prestaciones sociales.
Recalcó que entre los trabajadores más afectados se encuentran los policías, quienes no tienen uniformes en buen estado para trabajar. Además de los trabajadores del parque Bararida, quienes ya se han contaminado y han padecido dermatitis por entrar a las lagunas para hacer mantenimiento, sin usar la debida protección porque no la tienen.
Protesta cívica este miércoles
El secretario general de Sepeel invitó a todos los trabajadores de la Gobernación de Lara a incorporarse a una protésta cívica que tendrán este miércoles a partir de las 9:00 a.m. en la Plaza de la Justicia para dejar constancia de las condiciones laborales en las que están.
Solidaridad con compañeros del estado Sucre
En el mismo orden de ideas, Hector Contreras, vocero de la comisión transitoria de la CTV Lara, expresó su rechazo en nombre de los sindicatos que agrupa la CTV, a la privativa de libertad que se dictó a compañeros de ellos en el estado Sucre el pasado lunes. Consideran que se trata de una política de Estado de acoso y terrorismo en contra de los trabajadores.
Resaltó el caso de los siete presidentes de sindicatos del magisterio larense que actualmente están siendo coaccionados por tribunales de la entidad, con el fin de que la base magisterial llame a incorporarse a clases.
