La decisión de impedir el ingreso de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ratifica la ausencia de voluntad política de Nicolás Maduro de mejorar las condiciones de esos derechos, declaró para Elimpulso.com, Rafael Uzcátegui.
El coordinador general de la organización de Derechos Humanos Provea comentó que ni dictadores como el argentino Jorge Videla (1976-1981) y el peruano Alberto Fujimori (1990-2000) se negaron a que ese organismo visitara sus países.
La delegación estaba conformada por Esmeralda Arosemena, relatora panameña; Paulo Abrao, brasileño y secretario ejecutivo de la Comisión; y Edinson Lanza, uruguayo y relator especial para la libertad de información, que tenía una agenda de cinco días, durante los cuales se reuniría con organizaciones de derechos humanos, víctimas e instituciones, entre las cuales estaba la Iglesia Católica. La línea aérea que debía trasladarlos desde Panamá impidió el abordaje porque ya el régimen había notificado que no serían admitidos en territorio venezolano.
Uzcátegui manifestó que este episodio es motivo de reflexión para la comunidad interamericana y de considerar necesario reformas del sistema de justicia para hacer valer los derechos humanos.
Los grandes perdedores de la medida son los familiares de las víctimas de todo el país, que se habían agrupado para viajar a Caracas para formular sus denuncias ante la impunidad reinante.
Es de resaltar que entre quienes harían planteamientos estaban larenses, que en el 2017 sufrieron las pérdidas de sus familiares en las actuaciones represivas del régimen.
Por su parte, el sacerdote Raúl Herrera, defensor de los derechos humanos en Lara, dijo que el régimen ha ejecutado la amenaza que ya había hecho a través de Jorge Arreaza, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, en el sentido de que no se permitiría el ingreso de esa delegación porque Venezuela ya no forma parte de la Organización de Estados Americanos.
Pero, esos funcionarios lo que hacen es poner de relieve la situación real de los derechos humanos, que ya quedó confirmada en los informes de julio y septiembre dados a conocer por la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Lo más lamentable es que tras la publicación de esos informes, se cometió la mayor burla contra las víctimas de la represión policial y militar madurista, al ser Venezuela incorporada al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lamentó que cuando se presentan situaciones de azotes de barrios, gente de estos sectores llamen a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional, para que eliminen a los delincuentes, ya que no sólo están estimulando la pena de muerte sin que ésta esté autorizada por la Constitución, sino que los funcionarios de ese cuerpo, cuya disolución fue planteada por la propia Dra. Bachelet, además de antisociales, mata a inocentes ciudadanos en sus operaciones sorpresivas.
