El informe de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), correspondiente al último trimestre de 2019, evidencia que los habitantes del estado Bolívar están en situación de supervivencia debido a la falta de agua, gas doméstico, gasolina, fallas en el servicio de energía eléctrica ydéficit de unidades de transporte público.
Al mismo tiempo, el estado Bolívar es uno de los más violentos de Venezuela como consecuencia de la aparición de grupos delictivos en zonas mineras, motivo por el cual sus habitantes se enfrentan a condiciones que merman su dignidad y vulneran sus derechos humanos.
El reporte del último trimestre de 2019 contabiliza 264 denuncias y protestas en los municipios Caroní, Piar, Heres, Padre Pedro Chien, Sifontes y Gran Sabana, durante octubre, noviembre y diciembre.
No hay servicios ni salud pero sí violencia
Los datos son resultado del monitoreo que la organización no gubernamental realizó a medios de comunicación regionales y redes sociales que exponeque los derechos humanos más vulnerados durante los últimos tres meses de 2019 fueron la vida, el libre tránsito y movilidad, salario digno, nivel de vida adecuado, salud y educación.
Los temas más recurrentes en las denuncias fueron el deterioro de los servicios básicos y la pérdida del poder adquisitivo.
La organización resalta el cierre del hospital pediátrico Menca de Leoni, desde abril de 2018, porque no cuenta con las condiciones mínimas para atender a los niños. El derecho a la salud de las mujeres embarazadas se vulnera todos los días por la falta de condiciones apropiadas para dar a luz en los hospitales del sistema de salud pública, indican. El 21 de enero de 2020 se hicieron virales imágenes de una mujer que parió en las afueras del Hospital Uyapar, luego de que un funcionario de la milicia le impidiera el paso a la sede.
Codehciu incluyó en el informe que el mayor número de denuncias en Cuanto a servicios de salud ocurrió en el municipio Caroní durante octubre, con cinco casos registrados. El documento revela que las denuncias destacan falta de insumos, medicamentos y contaminación de las áreas hospitalarias, particularmente en el hospital Dr. Raúl Leoni, de San Félix, que junto a Puerto Ordaz conforman Ciudad Guayana.
La ONG defensora de derechos humanos confirma que no solo el Estado dejó de responder por losservicios y la salud ciudadana, sino que también los habitantes salen con miedo a las calles por el hampa y la violencia de grupos delictivos.
“Se evidencia del registro del mes de octubre que en el municipio El Callao las expresiones de violencia van más allá”, denuncia el documento, que advierte de casos de personas decapitadas, cuyas cabezas son dejadas en sitios públicos.
A estas denuncias se suma que en noviembre de 2019 uno de los líderes de grupos delictivos en El Callao -zona minera de Bolívar-, alias “El Toto”, envió por redes sociales un ultimátum a manera de amenaza al alcalde del municipio para presionar su renuncia por presuntas promesas incumplidas.
Educación en peligro
Aunque la educación como derecho humano forma parte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) y está consagrada en la Declaración Universal de los DD HH, los estudiantes guayaneses son víctimas de la emergencia humanitaria compleja.
Es deber internacional y constitucional del Estado venezolano velar por la dignidad de las condiciones de los planteles educativos; aun así, en noviembre de 2019, el monitoreo de Codehciu registró el mayor número de casos de denuncias a nivel de educación universitaria.
Un total de cinco protestas dan cuenta de la situación de precariedad que vive la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), a cuyas malas condiciones de infraestructura y operatividad se suma que los estudiantes no cuentan con servicio de transporte. A pesar de las vicisitudes, los jóvenes han emprendido acciones para coordinar esfuerzos que conlleven a la recuperación de la casa de estudios.
Ciudad de empresas y trabajadores sin derechos
Los derechos laborales, como el resto de los derechos humanos, son irrenunciables y el Estado tiene la responsabilidad internacional de garantizarlos, pero el declive de las empresas básicas de Guayana y la caída del poder adquisitivo, merma la calidad de vida de sus trabajadores.
En noviembre se registraron nueve denuncias de trabajadores de las empresas básicas, quienes reclamaron un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas y el cumplimiento de la contratación colectiva; por otro lado, pensionados solicitaron el pago de pensiones, de acuerdo con sus homólogos activos.
El Estado viola, en este caso, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.
¿Cómo empieza el 2020?
El abogado y monitor de contexto de Codehciu, Samuel Méndez, destacó que enero de 2020 comenzó con quejas sobre los servicios básicos en varios municipios de Bolívar: “La falta de agua ha sido muy recurrente y por las declaraciones de los residentes nos damos cuenta que son fallas que, dependiendo el sector, tienen entre 5 y 10 años sin resolverse; también hay fuerza en la denuncia por el gas doméstico”.
En enero se agravaron las complicaciones en el transporte público y el abastecimiento de combustible. Ante esto, Méndez asegura que “se ha complicado. Hay gente que aún pasa hasta tres días en colas para surtir gasolina. Además la falta de transporte ha complicado mucho la actividad diaria del guayanés”.
De manera general, la sociedad bolivarense desde los distintos ámbitos de los derechos humanos, sufre violaciones y carencias. También se registran problemas relacionados con el aseo urbano, que complican las condiciones sanitarias de ciertos sectores.
La conclusión del informe atestigua que el estado Bolívar es un caos en materia de derechos humanos, por lo que Codehciu recomienda a las alcaldías del estado Bolívararticular esfuerzos con la Gobernación,para dar respuesta a los problemas que sufren los habitantes de las comunidades.
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