Indudablemente, la decisión de anclar la unidad tributaria al petro va a impactar seriamente a quienes tengan que utilizar los servicios de los organismos y empresas del Estado.
Al expresar su opinión, el Dr. Héctor Mantilla, economista y profesor universitario, dijo que será inevitable la consecuencia que traerá la medida porque se va a ir cotizando progresivamente, de acuerdo al precio del petróleo.
El asunto es muy serio, ya que esa decisión no podía ser tomada por la Asamblea Nacional Constituyente, que no tiene atribuciones para legislar en materia económica, tributaria o de cualquier naturaleza, ya que su función es la de modificar la Constitución o elaborar una nueva. Está usurpando las atribuciones de la Asamblea Nacional.
Da la impresión de que, como consecuencia de la devaluación acelerada del bolívar, se está buscando sustituir la moneda de curso legal por el petro.
La decisión de la Constituyente fue tomada basándose en una resolución de la gobernación de Miranda, según la cual el valor de los timbres fiscales se cobrarán en diez unidades tributarias, lo que equivale a bolívares 7.448, 70.
Nicolás Maduro instruyó al régimen que cobre los servicios en petro y es así como lo deben hacer el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), así como el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi), el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Instituto Nacional de Canalizaciones, Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) e Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea).
