La organización califica como un “preso de conciencia” a González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, recluido en la cárcel de La Pica desde hace más de un año.
Amnistía Internacional emitió este lunes 27 de enero una acción urgente por la libertad de Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, recluido en la cárcel de La Pica desde hace más de un año. La organización califica al sindicalista como un “preso de conciencia”.
Señala que desde su arresto “arbitrario” el 29 de noviembre de 2018, el dirigente de 60 años ha sufrido problemas de salud. “El 19 de enero de 2020, González comenzó a experimentar un grave pico de hipertensión, poniendo en riesgo su vida a menos que reciba atención médica urgente. Es preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional”, exige AI en un comunicado publicado en su página web oficial.
Según la organización, la “detención arbitraria, la criminalización y la condena injusta de Rubén González” se produce en un contexto de “detenciones arbitrarias hechas contra personas críticas del gobierno o reclamando sus derechos humanos”. “Las autoridades venezolanas han implementado una política de represión sistemática y generalizada, que incluye detenciones arbitrarias por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales y el uso de tribunales militares para acusar a civiles de delitos como traición o rebelión, hacia aquellos que son vistos como críticos al gobierno”.
Amnistía señala que el dirigente sindical ha sufrido insuficiencia renal durante más de 10 años, así como hipertensión. Sus abogados solicitaron en repetidas ocasiones atención médica a los tribunales, pero solo una vez fue trasladado para recibir atención médica. “No permiten que su familia envíe medicamentos a menos que González esté experimentando un dolor intenso. El 24 de noviembre de 2019, su familia informó que había estado en un estado febril. La presión pública finalmente llevó a González a ser llevado a un CDI (Centro Diagnóstico Integral), pero fue enviado de vuelta a prisión poco después”.
González fue detenido en una alcabala militar en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, al oriente del país, en la madrugada del 29 de noviembre de 2018. Regresaba de una protesta realizada en Caracas, en la que la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela le exigió al defensor del pueblo designado por la ANC, Alfredo Ruiz Angulo, que ejerciera las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo en defensa de los derechos de la clase obrera, liquidados luego del paquetazo de Maduro impuesto en agosto del año pasado que desconoció sus beneficios y conquistas obtenidos luego de años de lucha.
Fue presentado en un tribunal militar, que tras imputarle tres cargos militares (ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional), ordenó su traslado a la cárcel de La Pica. Nueve meses después, el 13 de agosto, el Tribunal Militar 5to de Control de Maturín, a cargo del coronel Alexis Baloa, lo condenó a 5 años y 9 meses de cárcel. Cien organizaciones no gubernamentales (ONG), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exigen la liberación inmediata del sindicalista.
