A confesión de parte, relevo de pruebas. Con este axioma jurídico se evidencia que quien confiesa un delito libera a la contraparte de tener que probarlo.
De esta forma respondió el Dr. Jorge Rosell, especialista en Derecho Penal y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia, al ser consultado por Elimpulso.com acerca del saqueo de 700 mil millones de dólares, durante diez años, en Petróleos de Venezuela, S.A.(Pdvsa).
Aunque tarde, la denuncia fue hecha, a través del sistema de radio y televisión Deutshe Welle, de Alemania, por Rafael Ramírez Carreño, exministro de Petróleo y Minería y expresidente de Pdvsa (desde el 2 de septiembre de 2004 hasta el 21 de abril de 2013 cuando fue ratificado como ministro y nombrado viceministro del área económica).
El ingeniero mecánico con experiencia en gas y petróleo dijo que 480 mil millones de dólares de ingreso fiscal más ingreso propio de Pdvsa, para un total de 700 mil millones de bolívares, se fueron en corrupción y despilfarro.
Agregó que él sabe que ese dinero en manos de la élite chavista está en Estados Unidos y Europa, no en Zimbabue, para destacar que se halla en países desarrollados.
Si Rafael Ramírez, manifestó el Dr. Rosell, tenía conocimiento de ese despilfarro y corrupción, forma parte de los delitos cometidos. O es cómplice o es autor material de la comisión.
En caso que no se le pudiera imputar la comisión del delito de corrupción, hay un delito en que Ramírez Carreño ha incurrido como funcionario público, que es de peculado culposo.
Es un caso parecido cuando una persona incurre en negligencia, impericia o imprudencia y mata a una persona, pero nunca pensó en hacerlo. Se trata de un homicidio culposo.
Desfalco a la Nación
El peculado culposo está contemplado en el artículo 54 de la Ley de Corrupción, el cual en pocas palabras señala que cuando un funcionario público permite por omisión o por falta de cuidado en el ejercicio del cargo que otra persona cometa los hechos, como los que está denunciando Ramírez Carreño, será condenado de seis meses a cuatro años de prisión.
Si 700 mil millones de dólares fueron devorados por la corrupción y el despilfarro, tiene la Contraloría General de la República que ocuparse de ese grave asunto, porque constitucionalmente tiene que custodiar el buen manejo de los bienes del Estado.
Pero, quién debe proceder a abrir una investigación exhaustiva es la Contraloría General de la República, desde el punto de vista penal.
No cree el Dr. Rosell que el fiscal general Tarek William Saab lo haga porque en esa inmensa madeja de corrupción y despilfarro está metida la gente del régimen y, por supuesto, éste se desplomaría.
