Brasil, Canadá, Chile, España, Colombia, New York y Venezuela son los siete países en donde se realizará una misa en honor a Óscar Pérez y sus compañeros caídos. Así lo anunció a través de su cuenta de Twitter, Armando Pérez, hermano del exfuncionario
Hace dos años Óscar Pérez, expiloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue asesinado por cuerpos de seguridad del Estado junto a siete compañeros más, luego de haberse sublevado en armas por casi un año en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Lo que comenzó como un supuesto operativo para capturar a Pérez y su grupo, terminó siendo una ejecución extrajudicial transmitida en vivo por las redes sociales que hoy, 24 meses después, por primera vez cuenta con el testimonio de una de las participantes de la llamada «masacre del Junquito» por parte las Fuerzas de Acciones Especiales, un cuerpo comando adscrito a la Policía Nacional Bolivariana.
Su nombre es Merian Zorrilla, fue miembro de la FAES durante 12 meses, pero después de su graduación decidió retirarse.
En una investigación realizada por la televisora alemana Deutsche Welle, la exfuncionaria dio declaraciones en las que indicó que el día en que mataron a Óscar Pérez le dio una crisis de nervios por ver cómo asesinaban a sangre fría al piloto. La expolicía reconoció que siente temor por su vida, puesto que sabe muchos secretos que la ponen en peligro.
Zorrilla, quien actualmente está tramitando el pasaporte de su hija para poder llevársela a donde actualmente reside, aseguró que decidió retirarse puesto que «yo no estudié para esto, yo no estudié para quitarle la vida a la gente». Sin embargo, alega que también muchos de sus compañeros de las FAES que estaban en esa operación corren el riesgo de ser ejecutados si se separan de esa unidad. Según ella, si no se cumplen las órdenes de los superiores «eres tú al que terminan matando».
Tributo
Año tras año la familia de Óscar Pérez, ciudadanos, políticos y defensores de los derechos humanos recuerdan el asesinato del excomisario del Cicpc. Cada 15 de enero en sus redes sociales escriben mensajes donde repudian lo ocurrido y reiteran su lucha en contra de quienes diariamente cometen crímenes en Venezuela.
Se espera que hoy en más de siete países, entre los que están Chile, Brasil y Canadá se haga una misa a la que podrán asistir todo aquel que desee. Según Armando Pérez, hermano del exfuncionario, la misa se estará realizando en diferentes iglesias y en distintos horarios. A través de su cuenta de Twitter dio información sobre cuales serán.
¿Qué ha pasado?
Luego de lo sucedido aquel 15 de enero de 2018, la Asamblea Nacional instaló una comisión especial encargada de investigar la masacre. En enero de ese año habían 31 detenidos por este caso, pero durante ese mismo año la lista de los apresados se le fueron borrando y sumando nombres, entre ellos el del periodista Isnardo Bravo, a quien detuvieron por largo rato en la sede del Sebin en Boleíta, pero luego soltaron y le prohibieron pronunciarse al respecto.
En diciembre de 2018, ocho de los involucrados habían sido liberados. Un taxista, un mecánico, y siete tenientes fueron los primeros afortunados en salir de Ramo Verde. Pero Eva Lugo Quintero, y los primeros tenientes de la Guardia Nacional Alberto Maita y José Sandoval, junto al médico cirujano William Aguado y Antonio Pérez Cisneros no corrieron con la misma suerte y fueron juzgado y terminaron en prisión.
A principios de 2019, Yonathan Mustiola, abogado de la ONG Justicia Venezolana, aseguró que no había habido ni un solo juicio para investigar las siete muertes ocurridas aquel hace dos años. Según Mustiola, para esa fecha solo se había abierto un proceso judicial, no para averiguar cuales habían sido las condiciones reales de la muerte de José Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Abraham Lugo, Jairo Lugo, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez, sino para ahondar aún más sobre los vínculos de los 32 ahora detenidos con el también fallecido exfuncionario.
Entre las denuncias por la grave violación de derechos humanos de las víctimas y declaraciones por parte de la familias transcurrió gran parte del 2019. Solo en diciembre de 2019 fue que la delegación de diputados a la Asamblea Nacional presentó ante la Corte Penal Internacional y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, pruebas que evidenciaban que la muerte de Óscar Pérez había sido una ejecución extrajudicial.
Si bien la labor por hacer justicia y visibilizar este y otros casos similares ha sido ardua, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad a diario. La única opción que queda es seguir sensibilizando la humanidad para que así evitar la impunidad en delitos como este.
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