El Congreso argentino aprobó el sábado un proyecto de ley considerado clave para el gobierno de Alberto Fernández y que concede amplias facultades al Ejecutivo en materia económica.
Con 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado -que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como titular- dio luz verde al proyecto «Solidaridad Social y Reactivación Productiva» sin modificaciones respecto al texto aprobado en la Cámara de Diputados. Esto permitirá al gobierno de Alberto Fernández aumentar los impuestos y asegurar más recursos destinados a paliar la crisis social y al pago de la deuda del país, uno de los escollos más importantes en el debilitado panorama económico de Argentina.
La iniciativa causó polémica porque declara emergencia pública, económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del año próximo y fue aprobada con una rapidez extrema, en 48 horas, lo que es considerado el primer gran triunfo de Fernández a escasos 10 días de asumir el poder.
El proyecto grava con un 30% la compra de dólares para atesoramiento y gran parte de las operaciones comerciales con divisas, fija un aumento de los aranceles para granos e incrementa los impuestos a los bienes personales, lo que apunta a obtener recursos fiscales de la clase media y acomodada y del sector agrícola.
También fija un tope del 33% para los derechos de exportación de soja, un 15% para el maíz y un 5% para bienes industrializados de economías regionales. En tanto, para los hidrocarburos y la minería el techo es de 8%.
Uno de los puntos más discutidos fue el que suspende por 180 días para los jubilados la llamada «fórmula de movilidad», que establecía una actualización periódica de los haberes. Durante ese periodo el gobierno podrá establecer trimestral y discrecionalmente incrementos de las jubilaciones.
El movimiento opositor Juntos por el Cambio cuestionó la amplia delegación de facultades al Ejecutivo. En ese sentido, el jefe de la coalición en el Senado, Luis Naidenoff, afirmó: “la emergencia siempre fue el paraguas que ha servido para que un solo poder se apropie de las facultades que le corresponden a otro poder».
El peronista Frente de Todos defendió la necesidad de declarar la emergencia pública debido a la crisis heredada de la anterior administración del conservador presidente Mauricio Macri.
José Mayans, director de la bancada, consideró la ley como “el inicio de un cambio de rumbo” y resaltó: “estamos en ese camino: independencia económica primero y soberanía política sin superpoderes para el Fondo Monetario Internacional”.
“La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada”, sostuvo de su lado el también senador oficialista Carlos Caseiro.
Según la última medición oficial, la pobreza afecta a más de 35% de los habitantes el país, pero estudios privados pronosticaron que para fin de año se elevará al 40% en un contexto de recesión y una inflación estimada en 55% para 2019.
El gobierno ha señalado que 70% de lo recaudado por los nuevos impuestos se destinará a la ayuda social y el restante a proyectos de infraestructura y vivienda.
La sangría de reservas del Banco Central ha puesto en alerta al gobierno, que además renegocia con el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados vencimientos de deuda por alrededor de 100.000 millones de dólares.
