Aún está en veremos que la Asamblea Nacional apruebe el préstamo que dará el Banco de Desarrollo CAF a un proyecto para recuperar el sector eléctrico en el Zulia
El polémico crédito que se solicita al Banco de Desarrollo CAF para financiar obras de recuperación del sistema eléctrico del estado Zulia, ha generado diversos cuestionamientos que impiden su total aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, sobre este tema surge un punto que va más allá de los argumentos políticos, la credibilidad de la CAF como organismo financiero multilateral.
El proyecto de Ley aprobatoria del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico fue propuesto por integrantes del Grupo de Boston, ente que reúne a diputados y exdiputados del chavismo y de varios partidos de oposición. Hasta ahora su discusión ha sido diferida para su discusión en la Asamblea Nacional y varios parlamentarios consultados, dijeron desconocer si será aprobado.
Se prevé -con este proyecto de 350 millones de dólares- atender la emergencia generada por la crisis eléctrica en los estados Nueva Esparta, Mérida y Táchira, pero principalmente en Zulia, región seriamente afectada por los constantes apagones y racionamientos durante 2019. Pero también se contempla la rehabilitación de circuitos y servicios auxiliares de las subestaciones que alimentan a varios hospitales, según han señalado integrantes del Grupo de Boston.
Los recursos por 350 millones de dólares serían manejados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y no por la administración de Nicolás Maduro, pero aún no está claro cuáles serán las empresas públicas o privadas que llevarán a cabo las obras, ni quién hará la licitación. Lo que si es un hecho, es que esta deuda debe ser pagada durante la gestión de Maduro, siempre y cuando aún permanezca en el poder. No obstante, el desarrollo de su ejecución debe ser informado al parlamento.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo informará periódicamente a las Asamblea Nacional el estado de la ejecución de la operación de crédito público aquí autorizado», establece el artículo 11 del proyecto.
Mientras que en su artículo 14 señala que la AN «ejercerá la vigilancia, supervisión y control sobre las actividades necesarias para la debida ejecución del mecanismo de asistencia financiera y técnica ante la emergencia humanitaria del sector eléctrico, así como en lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones asociadas al endeudamiento contraído por la República Bolivariana de Venezuela».
En esta polémica sobre si la AN aprobará el proyecto o no -los detractores dicen que hacerlo será un reconocimiento de que el gobierno de Maduro es legítimo-, también surgen las dudas sobre el papel de la CAF. Se debe recordar que ya este organismo ha autorizado préstamos al Ministerio de Finanzas para saldar acreencias con el Banco Central de Venezuela (BCV), sin que estos recursos hayan sido autorizados por el Parlamento venezolano y ante la debilidad institucional del país. Además, la presencia de dos gobiernos con Nicolás Maduro y Juan Guaidó (interino) ha sido calificado por expertos jurídicos como un «aquelarre constitucional».
Un préstamo por $400 millones fue otorgado por el ente financiero internacional a la administración de Maduro, con la excusa de no ser perjudicados con un posible default de Venezuela ya que esto afectaría su calificación de riesgo. La CAF es un ente que ejecuta emisiones de deuda en el mercado internacional por lo que las tasas de interés de estas colocaciones podrían incrementarse.
Este financiamiento fue criticado por analistas económicos y diputados de oposición quienes afirmaron que se endeudó al país para pagar otra deuda y no para ser destinado a un proyecto específico.
Las prácticas poco transparentes de la CAF surgen a raíz de las modificaciones que ha ejecutado el directorio del organismo para aprobar operaciones financieras con Venezuela. Según declaraciones dadas por Ricardo Sigwald, exconsultor jurídico de la CAF, al portal El Diario, el financiamiento a Venezuela en 2017 se dio bajo la figura de PBL (Policy Based Loans), una forma de crédito de libre disponibilidad de parte del monto global para ser utilizado con fines distintos a los enunciados. Fuentes relacionadas a la CAF que prefirieron mantenerse en el anonimato aseguraron al medio, que este tipo de préstamos no están tipificados en el convenio del banco, pero que se hacen de todas formas.
El exfuncionario de la CAF afirmó además que se han aprobado «procedimientos de emergencia» sin contar con la unanimidad requerida dentro del directorio, lo cual ha derivado en la aprobación de diversos créditos a Venezuela, por lo que se han hecho modificaciones al reglamento del organismo.
Recordemos que además de Venezuela, lo países que conforman el directorio de la CAF son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, España y Portugal. Muchos de ellos pertenecen al Grupo de Lima.
Por otra parte, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela también tiene dudas sobre el proyecto, al resaltar que no está claro cuáles son las garantías de pago que ofrece el Estado venezolano en medio de la recesión económica y el default, cuál será el alcance de las responsabilidades del PNUD en el proyecto y cuántos meses tendrá Venezuela en el proceso licitatorio hasta la asignación del contrato.
«No podemos olvidar que, entre los años 2000 y 2014, el gobierno (de Maduro) firmó más de 40 proyectos eléctricos por un total de $37.000 millones, con un sobreprecio estimado que superó los $23.000 millones. Pese a la gran cantidad de dinero, no se logró superar la emergencia eléctrica, pues 17 de las obras no se concluyeron, entre ellas la represa de Tocoma, financiada en gran parte por el Banco Interamericano de Desarrollo», indicó Transparencia en un informe publicado el pasado nueve de diciembre.
Al respecto, el artículo 22 del proyecto establece que se considerarán nulas e inexistentes las operaciones realizadas sin el control de la Asamblea Nacional, las cuales no generarán compromisos válidos para la República.
«Las obras, bienes, servicios, financiados en por esta Ley se inscriben en el ámbito del derecho internacional humanitario y por lo tanto se regirán por los principios de objetividad, imparcialidad y apoliticidad. La Asamblea Nacional podrá suspender los proyectos financiados en el marco de esta ley si cualquiera de las obras, bienes, obras y servicios financiados son empleados con propósitos partidistas o de propaganda política«, resalta al artículo 23.
No obstante, el documento no específica las obras a ejecutar, los estados que en un principio serán beneficiados con el proyecto ni si se reincorporará la recuperación de los sistemas eléctricos de hospitales.
Recientemente, el diputado de la Comisión de Finanzas de la AN, Ángel Alvarado, afirmó además que el objetivo del proyecto es darle legalidad y formalidad parlamentaria al crédito, por ser esta instancia el único poder público ampliamente reconocido por todos los gobiernos del mundo. «CAF reconoce como presidente de la República a Nicolás Maduro, por lo que solo presta dinero a su administración».
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