En su más reciente boletín, el número 16°, FundaRedes presenta -con numerosos testimonios- las denuncias que ha recibido durante 2019 sobre la explotación de niños y adolescentes venezolanos, quienes debido a las deprimidas condiciones económicas en las zonas rurales venezolanas fronterizas con Colombia y Brasil, son captados por grupos armados irregulares para ejercer tareas ilícitas, pero que les permiten generar algún ingreso para contribuir en el sustento de sus familias.
El boletín 16°, titulado “Grupos armados irregulares explotan a niños y adolescentes venezolanos en la frontera”, recoge las denuncias de docentes y habitantes de las poblaciones afectadas, los cuales relatan cómo más de un millón de niños han abandonado las aulas de clases y se convierten en presa de los irregulares, que les ofrecen un ingreso en moneda extranjera (pesos colombianos, reales o dólares), y a través de esos recursos también, en muchos casos, logran sumarlos a sus filas.
Detalla el boletín que: “en estas zonas, donde el Estado venezolano está prácticamente ausente, la figura de los grupos armados irregulares -que controlan las actividades ilícitas como el contrabando de combustible, de alimentos, medicinas, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro ̶ emerge como los nuevos “patronos” e incluso se han convertido en los principales proveedores de empleo”.
Docentes de los estados Zulia, Táchira y Apure relataron a los activistas de FundaRedes cómo las matrículas en las escuelas donde imparten clases han mermado porque los alumnos prefieren ir a trabajar en el mercado informal, y algunos han cedido a los ofrecimientos de la guerrilla, que les pagan 50.000 pesos diarios, aproximadamente, 16 dólares al cambio.
Zulia, Táchira y Apure
Clemencia González, docente de la unidad educativa Andrés Eloy Blanco, en Maracaibo, estado Zulia, dijo a los activistas de FundaRedes que en esa institución hubo una reducción de 60 % de alumnos inscritos en relación con el periodo 2018-2019, en su mayoría varones de edades comprendidas entre los 8 y 12 años, quienes, según sus padres y representantes, prefieren dedicarse a la venta de gasolina de contrabando, para no aguantar hambre.
Igualmente, evidencia el boletín, los adolescentes son la población más vulnerable, ya que son las personas de esta edad las más buscadas por los grupos armados irregulares para adoctrinarlos y explotarlos; en tal sentido, se dispone de testimonios que indican la deserción en liceos del estado Zulia, donde la matrícula se redujo, de 700 alumnos en el período 2018-2019 a tan solo 260 para 2019-2020.
Lelis Soanara, representante de la Federación Venezolana de Maestros, seccional Páez, denunció que en comunidades como El Nula, El Ripial, Arauquita, Elorza, La Victoria y Guasdualito, entre otras, hay una alta deserción escolar, sobre todo de adolescentes que cambian las aulas por actividades relacionadas con el contrabando controlado por grupos armados y bandas delincuenciales; y la situación es similar en los municipios Bolívar, Junín y Rafael Urdaneta, del estado Táchira.
Según ha revelado FundaRedes en sus investigaciones y en informes anteriores, se contabiliza que, hasta 2018, más de 15.000 venezolanos, muchos de ellos en edad escolar, trabajan directa o indirectamente para grupos armados en las zonas de frontera. Los estados donde hay mayor cantidad de niños y adolescentes expuestos a esta vulneración son Zulia, Bolívar y Táchira, en este último es común ver cantidad de jóvenes trabajando como caleteros o carretilleros, bien sea a través de pasos formales o ilegales (trochas).
Como elemento agravante, FundaRedes ha documentado cómo personal docente y planteles educativos se han prestado para facilitar la operación de grupos armados irregulares, lo cual constituye una flagrante violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a leyes internacionales, por lo cual esta situación también ha ido denunciada ante las instancias correspondientes, sin que se haya obtenido respuesta ni actuación frente a lo que ocurre.
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