El presidente de Argentina, Alberto Fernández ordenó el jueves la implementación de un nuevo protocolo médico de interrupción del embarazo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer y que su antecesor, el conservador Mauricio Macri, había derogado poco antes de dejar el poder.
El instructivo entrará en vigencia a partir del viernes y tiene como objetivo “actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas”, anunció el ministro de Salud, Ginés González García.
En Argentina es legal interrumpir una gestación cuando pone en riesgo la vida o la salud de la mujer o si fuera resultado de una violación. Para estos casos, el Ministerio de Salud cuenta desde hace unos años con una guía para personal médico de instituciones públicas y privadas.
El protocolo en cuestión había sido motivo de controversia a fines de noviembre, cuando el entonces responsable de Salud, Adolfo Rubinstein, renunció en disconformidad con la decisión de Macri de derogar por decreto una actualización del instructivo de 2015. Su argumento fue que no había sido consultado por el funcionario, aunque se cree que la postura antiaborto del exmandatario fue la causa.
Fernández, quien asumió el martes, se ha manifestado públicamente a favor de la despenalización.
“El protocolo pretende que sea lo que es, una guía médica”, aclaró García. “El combate contra el protocolo que ha hecho alguna provincia, hasta el propio último presidente (Macri), han generado confusión y cierta intimidación sobre profesionales que tienen que cumplir con la ley”, señaló.
Varias provincias con un fuerte componente conservador en su población se han negado a aplicar el protocolo, así como la educación sexual integral en colegios que también está reglamentada por ley. Buenos Aires, la más grande del país, no aplica el protocolo.
“Celebramos que se haya aprobado por resolución brindando respaldo político para desterrar las dudas, arbitrariedades y falsas interpretaciones de quienes deliberadamente deciden no aplicar la ley vigente”, manifestó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El nuevo instructivo fija un plazo de diez días a los agentes de salud para interrumpir el embarazo a partir del momento que la mujer manifiesta su voluntad de realizarse la práctica. También contempla la objeción de conciencia de los médicos, pero aclara que ésta es individual y no institucional, por lo que todo establecimiento médico está obligado a realizar la práctica.
Si bien el anuncio de este jueves fue celebrado por grupos proaborto como una señal para retomar el debate por la despenalización en el Congreso, el ministro García fue más cauto.
“Primero que se apliquen las leyes vigentes de salud sexual y reproductiva, educación sexual. Son todas leyes de bajo nivel de aplicación”, recordó el ministro, que está a favor de legalizar el aborto. “El pensamiento del presidente y mío lo conocen. Pero exige un trámite parlamentario, exige un tiempo distinto”.
En 2018 se debatió un proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo en el Congreso, algo inédito en el país natal del papa Francisco. Si bien la iniciativa tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, no pudo avanzar por el rechazo de los senadores.
Según el ministro de Salud, 30 mujeres mueren en promedio al año por abortos clandestinos en Argentina.
Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y la Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia, respectivamente.
