Para buscar un consenso parlamentario entre todas las fracciones políticas que forman el pleno de la Asamblea Nacional, este martes fue diferida la primera discusión del Proyecto de Ley Aprobatoria, Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico.
En efecto, la solicitud del diferimiento de este debate fue formulada por el diputado del bloque opositor por el estado Zulia, Enrique Márquez, quien resaltó que tal decisión fue acordada dado que este instrumento legal se materializará en la recepción y administración transparente de recursos importantes para atender la crisis que en este tema se vive en todo el país.
“No es una exageración catalogar de emergencia humanitaria lo que pasa en el Zulia o en Nueva Esparta con la energía eléctrica”, recordó Márquez.
Explicó cómo en el caso de unos de los estados más pujantes económicamente del país, como lo es el Zulia, las constantes fallas en el suministro del servicio eléctrico han derivado, no solo en la pérdida del confort para las familias, sino en el decaimiento del 90 % de su actividad comercial, por lo cual esta ley está destinada a atender la emergencia.
“Se recibirán recursos importantes de parte de la Corporación Andina de Fomento, CAF, para rescatar generadoras termoeléctricas e instalar nuevos generadores eléctricos, lo cual estará además blindado con un mecanismo de administración transparente que es una de las preocupaciones principales de todos los sectores”, precisó el parlamentario.
Reiteró que son numerosos los estados del país afectados de forma dramática por las fuertes fluctuaciones y largos apagones, en especial los de Occidente y Oriente, de allí que justificó la presencia de este martes en el hemiciclo de diputados acompañados de la sociedad civil, clamando por un acuerdo para atender esta emergencia humanitaria.
Durante su intervención para solicitar el diferimiento de la discusión del proyecto, Márquez señaló que en la elaboración de esta ley participó gente de todos los sectores de la sociedad civil, clase política y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para alcanzar un consenso que aún no se logra en el parlamento.
Fue categórico al aclarar que la administración de los recursos que otorgará la CAF, para atender esta crisis humanitaria estará a cargo del PNUD, organismo que además revisará los contratos, adjudicará y, adicionalmente, operaría los primeros 3 años, garantizando el mantenimiento de todas las unidades nuevas y reparadas.
Expresó además, que éste será un mecanismo transparente que obligará a la sinceración de precios en el servicio y contrataciones transparentes, por lo que considera necesario que esta ley se apruebe con el consenso de todas las fuerzas políticas de la AN.
Explicó que con las inversiones que se ejecutarán a través de este proyecto, se aportará al país cerca de 1200 megavatios para suplir las necesidades de varios estados que afrontan situaciones caóticas en cuanto al suministro de electricidad.
La postergación para la discusión de este instrumento legal, fue solicitada bajo el compromiso de que se usará el tiempo otorgado, para buscar los acuerdos necesarios con la finalidad de que el mismo sea incluido como punto de debate en la próxima sesión con un acuerdo unitario, que permita atender la emergencia humanitaria ocasionada por la falta de electricidad en el país.
