La lista de becarios en las universidades públicas se reduce vertiginosamente porque nada más la fotocopia requerida para renovar el beneficio cuesta tres veces lo que percibirían al mes
Morella Albert y el equipo de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Simón Bolívar (USB) no necesitan listas ni cifras para demostrar cómo la asfixia presupuestaria ha debilitado a las casas de estudio. Tienen un número de referencia para dar una idea: de 1.500 becarios que se registraban en promedio, este período académico la lista apenas supera los 200 estudiantes.
Es ese departamento el que tramita la solicitud de becas y el verdadero indicador es la soledad de la oficina en la que ya nadie hace cola, ni llega ni se sienta con una carpeta de papeles para solicitar uno de los principales beneficios requerido por los estudiantes.
«Ya no han venido más. Es que las becas están homologadas para todas las universidades desde 2018 y el monto se quedó en 720 bolívares. Como el monto es insignificante ni siquiera vienen a renovar porque nada más la fotocopia que necesitan cuesta tres veces lo que percibirían», dice Albert, directora de Desarrollo Estudiantil de la USB, y usa las palabras justas que explican por sí solas las razones.
«Tampoco hay preparadores. En esta oficina se hacía la entrevista a los estudiantes interesados en optar por una preparaduría pero eso implica por lo menos 10 horas de dedicación semanal y el monto de pago mensual a los preparadores es de Bs. 1.028″. Dos billetes de 500 bolívares. Y todavía le faltarían 500 más para completar un pasaje en autobús.
Marianny Carrero sonríe cuando oye la palabra beca. «En otros tiempos tendría sentido pero en este momento es una burla», dice la estudiante de 5to semestre en la UCV.
Cuando ingresó a la universidad tuvo que mudarse de su natal Puerto La Cruz y aunque vivía con unos tíos solicitó una beca para costear sus gastos diarios. «Son 700 bolívares ¿me entiendes? Setecientos bolívares que ni siquiera me los podrían pagar en efectivo porque los billetes son tan inútiles que no los aceptan».
En septiembre de 2018 el monto de las becas era Bs. 400.000 pero luego de la reconversión monetaria, el monto se transformó en Bs. 4 de los que llamaban soberanos. Dos meses después las ajustaron a Bs. 720, en noviembre de 2018, y se homologó el monto para todas las universidades autónomas. Desde entonces no ha habido aumento por parte del Ministerio de Educación Universitaria y aquel incremento que se ha demorado un año quedó apabullado por la hiperinflación.
Asfixia
Amalio Belmonte, secretario de la UCV, explica que la visión del gobierno se limita a engrosar la matrícula, pero solo en términos cuantitativos, aunque eso cueste sacrificar la calidad. «El Ministerio (de Educación Universitaria) le da prioridad al ingreso por pupitre, pero no al ingreso al conocimiento y esas son dos cosas muy diferentes».
En el caso de la UCV el sistema de asfixia presupuestaria por parte del gobierno es una historia sostenida, gestión tras gestión. Pero en este período académico tuvo un récord histórico negativo: solo se aprobó 9,8% de lo requerido y lo que se entregó en enero duró menos de un mes. «La política de entrega a través de créditos extraordinarios hace imposible que la universidad pueda planificar porque ya no alcanzan ni para los gastos de un mes, además que cuando finalmente asignan los recursos ese dinero ya no paga nada», señala Belmonte.
Del presupuesto ya deficitario, más de 80% se va en nómina y apenas 5% se destina a la inversión en las providencias estudiantiles (becas, transporte y comedor); es decir, a la razón de ser de la universidad. «Para las providencias apenas ronda 5% pero es peor lo que se asigna a la inversión académica que siquiera llega a 1%, es lo mismo que decir que para la vida académica no hay dinero», señala el secretario de la UCV.
A medio camino
Las becas, el transporte y el comedor son parte del soporte que brindan las universidades para garantizar la prosecución académica porque sentarse en un pupitre universitario es una cosa y otra muy distinta es el camino para mantenerse.
«Los recursos que da el gobierno no pueden llamarse presupuesto sino una entelequia porque estamos ante una desinversión programada y planificada. Por ejemplo: en el caso de la USB, 82% de la población estudiantil depende del transporte y apuntar a la desinversión en esa área fue un golpe certero que buscaba desarticular la dinámica de la universidad», dice Mariela Azzato, vicerrectora administrativa de la USB.
Llegar a una sede como la ubicada en Sartenejas no es tarea fácil. Por eso ante la paralización del servicio de transporte que amenazaba con dejar en un paro obligado debido a los problemas de movilidad de los estudiantes, el mismo rector Enrique Planchart se puso al frente de una campaña de recaudación en la que apelaron a sus egresados para que la estrategia sirviera como un paliativo para la crisis de transporte, en la que de los 34 autobuses propios que aun funcionaban, nada más 14 podrían cubrir las rutas si se les hacía mantenimiento, de lo contrario la universidad entraba en un esquema interdiario de actividades.
La campaña logró sus objetivos y los recursos fueron administrados por la AlumbUSB, una figura asociada a la universidad que hace donaciones de equipos, libros, y otros servicios que necesita.
Los bolsillos particulares resolvieron parte del problema porque desde junio de 2019 la USB había paralizado el servicio de transporte debido a que el ministerio tenia una deuda, desde enero, de 3.300 millones de bolívares con las empresas concesionarias. Aunque lograron reactivar las rutas en septiembre, solo se pudo contar con 26 unidades de transporte, una diferencia sustancial con los 105 autobuses con los que contaba y que atendía un promedio de 10.000 personas diariamente.
Ya a mitad de 2018 la USB dejó de recibir gastos para mantenimiento e inversión académica. Por eso los primeros que cayeron en una especie de paralización forzada fueron los servicios de comedor y transporte que dejaron de funcionar ese año.
Con el estómago vacío
Tanto a estudiantes como a autoridades se les hace difícil calcular cuándo y por cuánto tiempo funcionarán los comedores, ya que en por lo menos cinco universidades autónomas con mayor matrícula estudiantil (UCV, ULA, USB, UC y LUZ), dependen del envío externo de los alimentos porque ese recurso se sacó del presupuesto asignado.
La irregularidad del suministro de los insumos es el verdadero pan de cada día, porque desde 2015 dependen del ministerio de Educación Universitaria que se comprometió a enviar las proteínas a cambio de reducir la asignación correspondiente por el costo de los alimentos.
«La comida que envían dura para dos o tres días, pero el problema es que nosotros estamos todos los días en clase y desde la mañana hasta tarde. La verdad es que uno no come a veces sí y a veces no. Y cuando el comedor funciona, el plato no cumple con lo mínimo», señala Lauren Delgado, estudiante de la UCV.
El cálculo por bandeja de comida ha sido otra larga lucha de las autoridades universitarias. Entre 2016 y 2018, el costo que el ministerio asignaba por bandeja era un aproximado de Bs. 27, por lo que las empresas concesionarias dejaban de operar pues trabajaban con déficit.
«Si no hay plata para comida ¿entonces para qué hay?», se cuestiona Delgado y dice que sin darse cuenta la vida dentro de la universidad se va acortando para los estudiantes «sin comer, todo carísimo y a veces sin plata para llegar o para devolverse a la casa. Entonces vienes a lo necesario, resuelves y te vas porque la universidad se vuelve un lugar en el que ya casi ni se puede estar».
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