Cuando el presidente encargado de Venezuela, el reconocido historiador y periodista doctor Ramón J Velásquez, llegó al despacho, ya su secretaria privada le tenía una ruma de documentos por firmar. Era una Venezuela convulsa los primeros años de la década de los 90, con sucesos que desencadenaron revueltas sociales y dos golpes de estado al Presidente electo Carlos Andrés Pérez.
Al sentarse en su escritorio cayó en cuenta que era martes 26 de octubre de 1993. Después de varios documentos y decretos presidenciales firmados, María Auxiliadora Jara de Tarazona, su secretaria privada, salió presurosa a entregar los papeles ya rubricados para su distribución.
A las 5:50 de la tarde, de ese mismo día (26 octubre de 1993), Larry Salvador Tovar Acuña, jefe de una poderosa organización de narcotraficantes llamada la Conexión Euroamericana, salió en libertad, en una veloz jugada maestra planificada minuciosamente.
El narcoindulto 3215
Larry Tovar Acuña representante del cartel de Medellín en Venezuela, quien se encontraba detenido en la Penitenciaría de El Rodeo, con una sentencia preliminar de 13 años por diversos delitos en Venezuela y Estados Unidos relacionados con el comercio de narcóticos, se le concedió una irregular boleta de excarcelación que fue remitida por fax a la instalación penitenciaria, la cual contenía un número de cédula de identidad que ni siquiera correspondía al procesado.
El Decreto 3215, apareció en la Gaceta Oficial, publicación que fue decidida por el ministro de la Secretaría, sin la firma del ministro de Justicia que debía refrendar el acto presidencial. El prisionero fue sacado de prisión sin que la juez que le seguía juicio hubiera rubricado la necesaria boleta de excarcelación. Tovar huyó a Colombia y fue recapturado en septiembre de 1994.
Tras la pista del narcoescándalo
La noche de ese 26 de octubre, ya el círculo más cerrado del Presidente provisional sabía del caso y apresuraron a derogar el “narcodecreto”, pero al amanecer del 27, ya la prensa capitalina, daba la noticia del narcoindulto.
Velásquez dio instrucciones al procurador general de la República y al ministro para la Descentralización, la tarea de redactar el decreto derogatorio. También se reunió de inmediato con el consultor jurídico, Manuel Peña López, para precisar si el indulto había salido de ese despacho. Cuarenta y cinco minutos más tarde, se entrevistó con el ministro de la Secretaría y con el jefe de la Oficina del Consejo de Ministros, Ezequiel Alfaro López, para conocer los originales del indulto y el proceso que se siguió para su inclusión en la Gaceta Oficial.
Uno de sus ayudantes se le acercó y con suma discreción le comunicó que había certera evidencia de que la secretaria privada, María Auxiliadora Jara de Tarazona, suspendida de su cargo unas horas antes, estaba en su oficina destruyendo documentos. En el acto Velásquez ordenó la actuación policial.
Recorrió el mundo
Velásquez ofreció declaraciones a la prensa que se agolpó frente al Palacio de Miraflores, a quienes les informó que ordenó a la Policía Técnica Judicial (PTJ) investigar lo sucedido, y sugirió que fue engañado para firmar. “Uno confía en que todos los documentos que firma tienen origen del ministerio correspondiente. Pero ya está derogado todo”, precisó el presidente encargado.
El caso involucraba a Larry Salvador Tovar Acuña, capturado el 30 de marzo de 1989 con 26 kilogramos de cocaína, una avioneta y tres automóviles, que le fueron decomisados.
RECUADRO Independiente cercano al partido Acción Democrática, el doctor Ramón J. Velásquez fue escogido para completar el quinquenio del ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien fue destituido, comenzando el proceso de enjuiciamiento en mayo de 1993.
A raíz de la detención de Tovar, la PTJ retuvo a 13 personas, incautó otros 40 kilos de droga, siete vehículos, medio millón de dólares en efectivo, joyas, embarcaciones y otros bienes por 100 millones de bolívares.
Extraoficialmente se conoció que el texto firmado por Velásquez estaba refrendado por su ministro de Justicia, Fermín Mármol León, por lo cual el mandatario provisional estampó su nombre sin ningún inconveniente.
Un escueto comunicado de la Presidencia de la República, señaló ese miércoles en la noche que el decreto de indulto fue declarado nulo de toda nulidad y que la secretaria privada de Velásquez fue despedida.
El calor noticioso del narcoindulto inundó las páginas de la prensa internacional. Los cables internacionales se dieron banquete. La agencia EFE distribuyó a todo el mundo un despacho fechado el día 28: “Largo brazo del narcotráfico llega a palacio de gobierno”. AFP anotaba que “El Narcotráfico penetró el palacio presidencial venezolano”. La UPI titulaba con “Narcotráfico penetra altas esferas del poder en Venezuela”.
Al descubierto
Durante las primeras horas de la tarde del 27, Ramón J. Velásquez se reunió con María Auxiliadora Jara de Tarazona. La secretaria había puesto sobre el despacho del Presidente el proyecto de indulto acompañado de un estudio elaborado por la Consultoría Jurídica: pero en aquella oportunidad al parecer, Tarazona olvidó mencionarle al mandatario nacional que el informe que servía de base al indulto había sido elaborado por Gustavo Velásquez, hijo de Velásquez y consultor jurídico de Miraflores durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que en ningún caso aquel informe recomendaba la decisión de indultar al procesado.
En medio del interrogatorio que sostenía Velásquez y la secretaria privada del Despacho, el Jefe de Casa Militar entregó al Presidente un telegrama mediante el cual la Tarazona había notificado a los padres de Tovar Acuña, sobre las gestiones hechas por la Secretaría para reactivar la solicitud del indulto provisto desde el gobierno de CAP.
Velásquez preguntó insistentemente por qué ella había tomado la iniciativa sin pasar la solicitud por los canales regulares del Ministerio de Justicia o de la Consultoría Jurídica de Miraflores. Igualmente el Presidente persistió en el por qué había enviado ese telegrama a los familiares de Tovar, con lo cual solo probaba la participación de ella en el caso del narcoindulto.
Al salir del intenso interrogatorio, Jara de Tarazona recogió sus pertenencias y con ayuda de varios asistentes, atestó el vehículo oficial asignado de numerosas cajas, pero efectivos de la PTJ, la abordaron y luego de revisar el vehículo fue retenida. Por otro lado, Casa Militar interceptó un telegrama donde un familiar de la secretaria privada, la esperaba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Una juez decidió dictar autos detención a diez personas, tres de ellas funcionarios de la Presidencia. Igualmente dejó abiertas las averiguaciones en el caso de ocho personas más: cuatro de ellas funcionarios civiles de la Presidencia, un edecán del Presidente y el propio hijo de Ramón J. Velásquez, que fungió como consultor jurídico de la Presidencia durante el mandato de CAP. El caso fue cerrado para prácticamente todos los inicialmente señalados. María Auxiliadora Jara de Tarazona permaneció detenida bajo proceso judicial, así como otras dos personas.
Por su parte, Ramón J. Velásquez evidenció su total franqueza ante la opinión pública. Desde el primer momento al explicar en detalle lo sucedido sin ocultar su error. Abrió Miraflores para que los cuerpos de seguridad, una comisión parlamentaria y los tribunales investigaran todo lo necesario. Jamás intentó escudarse en su investidura presidencial para obviar explicaciones al tribunal, y esencialmente, decidió que en primer lugar estaba la credibilidad de la Presidencia antes que posibles amistades o solidaridades.
Pero quién era la secretaria privada
A juzgar por su impecable y larga trayectoria en asuntos ministeriales, María Auxiliadora Jara de Tarazona, era una persona eficiente y confiable en el cargo. Hacía más de 30 años había sido secretaria privada de Carlos Andrés Pérez cuando se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores. Más tarde fue asistente de Betancourt, Leoni y nuevamante de CAP. Estuvo en Miraflores con Jaime Lusinchi, de donde fue despedida por Blanca Ibañez, para después retornar al palacio a donde la encontró el presidente provisional Ramón J. Velásquez, quien la designó su secretaria privada. «Era toda una institución en Miraflores».
Sentenciado los culpables
Un tribunal de primera instancia encontró culpables de coludirse para delinquir y traficar influencias a fin de hacer posible el indebido indulto a la secretaria privada de Velásquez, María Auxiliadora Jara de Tarazona, al padre del narcotraficante, Salvador Tovar, y a un abogado que colaboró en el fraude, Juan Merchán.
Este tribunal sentenció que el delito no fue tráfico de influencias sino corrupción propia, por lo cual condenó a tres años de cárcel a Jara de Tarazona y a Tovar, padre del indultado; y a un año y seis meses al abogado Merchán.
Contra Velásquez, el tribunal de primera instancia encontró elementos para enjuiciarlo por su participación en el tráfico de influencias, pues el ex mandatario admitió que cometió un error y firmó sin leer el indulto a Tovar Acuña. Sin embargo, por su jerarquía y su avanzada edad, el caso quedó en manos del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, que lo exculpó.
Independiente cercano al partido Acción Democrática, el doctor Ramón J. Velásquez fue escogido para completar -desde junio de 1993 hasta febrero de 1994-, el quinquenio del ex presidente Carlos Andrés Pérez, quien fue destituido del cargo, comenzando el proceso de enjuiciamiento en mayo de 1993.
