La Unión Europea (UE) y Naciones Unidas llamaron este martes a aumentar la ayuda a los países de América Latina que afrontan la llegada de cientos de miles de venezolanos, al término de una conferencia en la que se comprometieron unos 130 millones de dólares.
«Si no movilizamos recursos hoy (…) podemos enfrentar consecuencias aún más costosas, desde el punto de vista humanitario como económico dentro de uno, dos o cinco años», advirtió en rueda de prensa la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
El objetivo de la conferencia era llamar la atención sobre la situación en los países de la región que albergan a cientos de miles de migrantes y refugiados venezolanos y sobre la necesidad de poner esta crisis en el primer plano de la agenda diplomática.
Y, aunque no se buscaba recaudar fondos, las decenas de países y organizaciones participantes comprometieron este martes «120 millones de euros» adicionales (133 millones de dólares), anunció Mogherini, llamando a actuar ya para evitar una «desestabilización» de la región.
«Como europeos lo sabemos muy bien. Si hubiéramos invertido un poco para apoyar la crisis de los refugiados sirios u otras crisis de migrantes al principio del proceso, no sólo habríamos salvado vidas, sino que habríamos ahorrado dinero», agregó.
Una visión compartida por el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, para quien, en el caso de Siria, se desarrollaron justamente instrumentos por parte para apoyar a los países de acogida de manera «sostenible», que podrían utilizarse para los venezolanos.
Los temores de la comunidad internacional
La duración de la crisis, ante el bloqueo de una salida política en Venezuela, y el eventual impacto en los países de acogida, que deben gestionar la atención sanitaria, educativa y social de los migrantes, son los principales temores de la comunidad internacional.
La ayuda internacional «se vuelve ahora más que nunca indispensable por las perspectivas del éxodo venezolano de su país en los meses y años que se avecinan», urgió el canciller de Ecuador, José Valencia, que reconoció las dificultades económicas de su país.
