El proceso de investigaciones en torno al asesinato del ex concejal y dirigente de Voluntad Popular, Edmundo “Pipo” Rada, inició la Comisión Permante de Política Interior de la Asamblea Nacional, cuyos resultados serán elevados a la consideración de instancias nacionales e internacional, reveló en conferencia de prensa, su presidenta, diputada Dennis Fernández.
Advierte que llama la atención, como es que no ha habido hasta estos momentos, un pronunciamiento oficial en torno a este hecho horrendo, recordando que hace pocos días otro venezolano corrió la misma suerte, pidiendo a Dios, las instituciones internacionales y los procedimientos, que esto no se convierta en una práctica común en Venezuela. Asimismo indico, Fernández que no quisiera pensar que se trata de una persecución política de una arremetida política contra un dirigente político, un dirigente social de un sector popular de la capital venezolana.
“En un país donde existan instituciones con autonomía e independencia, no tendríamos que estar reunidos pidiendo que se haga justicia o pidiendo que haya un pronunciamiento oficial en torno a este tema y acerca de otras violaciones de los derechos humanos. Por cierto esta vulneración es a uno de los derechos humano más sagrados, como es el derecho a la vida , respaldado constitucionalmente en nuestra Carta Magna”. Señaló que desde este Comisión insisten en torno a la gravedad del problema, para nuestra querida Venezuela, como es la no separación de poderes y la falta de independencia, que es lo que permite que ocurran este tipo de hechos en el país.
Dijo que si se hubieran seguido lo más elemental de los requerimientos, de las solicitudes, las recomendaciones contenidas en el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet, quizás hoy no estaríamos lamentando este hecho, porqué quizás sería otra la situación. En este tema de grupos irregulares y de esta situación que se esta viviendo en el país.
Recordó que la AN es la única institución con legitimidad, para atender a lo que el pueblo les ha pedido, siendo el único ente legislativo reconocido internacionalmente, y también nacionalmente, con el retorno a la bancada del del PSUV al Parlamento, reconociendo que este es el único ente reconocido nacional e internacionalmente, rechazando la pretensión de allanamiento de la inmunidad del diputado del Zulia, Juan Pablo Guanipa, a quien expresaron toda la solidaridad como parlamentario y como miembro de la comisión, recordando que se produce este ilegitima decisión, cuando mañana se va a realizar una movilización, donde Guanipa es uno de los principales convocantes, anunciando que este caso también será elevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde se le esta haciendo un seguimiento a la vulneración de los derechos de los parlamentarios, el acoso y la percepción por parte del régimen, indicando que se trata de un nuevo atropello contra el Parlamento venezolano.
También fue materia de análisis en la Comisión, una comunicación del Ministerio Público, fechada el 4 de septiembre de 2019, a través de la cual se le da un nuevo zarpazo a la autonomía de los poderes, ya que a través de la misma, dirigida a directores generales, directores de linea, fiscales nacionales y fiscales regionales, donde se les establece con carácter de obligatoriedad que deben que “consultar” cuando vayan a tomar decisiones en materia de condenas,, revisiones de medidas, sobreseimientos, cambios de calificación, sentencias absolutorias, así como también notificar los motivos de las incomparecencias por parte del MP.
Asimismo, indica que de existir el extravío de expedientes, se deberá presentar información detallada al despacho de este hecho. Asimismo, advierte la comunicación que el incumplimiento de lo expresado, acarreará sanciones penales y administrativas, que consisten en la apertura de expedientes y remoción del cargo que ocupe para el momento.
La diputada Fernández afirma que este misiva, constituye una
interferencia en las decisiones de los organismos jurisdiccionales, como son los tribunales, advirtiendo que no es precisamente el Ministerio Público el que debe establecer que se debe decidir y que es lo que se debe hacer.
