Increíble fue el ingreso del régimen de Nicolás Maduro al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: asesinando a un dirigente social, el ex concejal Edmundo “Pipo” Rada. del estado Miranda.
Al emitir su opinión el Dr. José Gregorio Záa, secretario político de Voluntad Popular en Lara, dijo que su carta de presentación fue que “la dictadura acecha, persigue,captura y ejecuta a todo aquel que se atreva a disentir del desastre que representa Maduro como heredero de Hugo Chávez”-.
De esta forma está demostrando este régimen que cualquier disidente está condenado a sufrir la muerte, sin precisar sitio y hora.
Así ocurrió con el concejal Fernando Albán, quien fue privado de su libertad y poco después de su vida, en el Sebin, en Caracas, hace poco más de un año.
Y la peor suerte pueden correr a quienes fueron útiles en este andamiaje socialista del siglo 21, como ha pasado con el ex gobernador Johnny Yánez Rangel.
Dispone el régimen de las Fuerzas de Acciones Especiales, que se ha convertido en un aparato de exterminio y que se caracteriza que donde pone el ojo, pone las balas. De nada valió la solicitud de la desaparición de ese órgano represivo por parte de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Al quedar la documentación de “Pïpo” cerca de su cadáver con dos balazos en la nuca y en parte carbonizado, se deja al descubierto que hay una amenaza para cualquier persona, organización política o movimientos sociales que enfrenten a la dictadura.
Ésta al mismo tiempo, libera algunos presos políticos, porque no pudo demostrar que éstos tenían responsabilidad alguna en los cargos que se les acusaban.
Pretende de ese modo lavarse el rostro ante la comunidad internacional, pero ésta no se deja engañar.
