Como muy compleja y grave considera el doctor José Toro Hardy, exdirectivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la situación por la cual atraviesa en estos momentos Citgo, la más importante empresa del Estado venezolano en el exterior.
Pdvsa se estuvo endeudado para traspasar el dinero a la República, para que el régimen desarrollara planes extravagantes.
En el 2017 vencían 7.100 millones de dólares en bonos, que Pdvsa trató de refinanciar con otros bonos en el año 2020. Pero, no los aceptaba el mercado.
Ante esa dificultad, Pdvsa ofreció casi veinte por ciento de interés y llegó al extremo de poner como garantía el 50, 1 por ciento de las acciones de Citgo.
Aún así, sólo pudo canjear 2 mil 79 millones de dólares, cantidad que transformó en 3 mil 500 millones de dólares en los llamados bonos 20-20 con la garantía antes mencionada de las acciones de Citgo.
Como esta operación era de interés nacional, ya que se estaba dando de garantía el activo más importante, requería de la autorización de la legítima Asamblea Nacional.
Ésta negó la autorización, pero el régimen pasando por encima del Poder Legislativo, hizo la negociación y violó, entre otros, el artículo 150 de la Constitución, que reza que los contratos de interés público deben ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Fue más allá, tomó un préstamo de 1.500 millones de dólares y entregó el 49, 9 por ciento de las acciones de Citgo a la empresa rusa Rosneft.
Para el 27 de este mes, Venezuela tiene que pagar 913 millones de dólares a los tenedores de los bonos 2020. Si no lo hace, éstos pasarán a tomar el control del 50, 1 por ciento de las acciones de Citgo.
En el año 2018, la Oficina Nacional del Tesoro de los Estados Unidos había aplicado a la República de Venezuela y aprobó la licencia Nro. 5, según la cual los tenedores podrían ejercer la garantía y quedarse con el control de las acciones de Citgo.
Después que Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional y ya como presidente interino de la República, pide revocar la licencia Nro. 5.
El 5 de agosto de este año, el presidente Donald Trump aprobó una resolución a través de la cual congela todos los bienes propiedad del gobierno de Venezuela.
Si no se podían traspasar las acciones de Citgo, se pensó que quedaría protegida la empresa.
Pero, las cosas son más complejas en los Estados Unidos. No se tiene claro en este momento cuál de las dos disposiciones (la licencia Nro. 5 y la decisión del 5 de agosto de Trump) tendrá primacía.
El senador Marco Rubio y la oposición venezolana piden que se haga la aclaración ante el temor de que se pueda perder Citgo. Porque el problema no radica sólo en los tenedores de bonos, sino en Rosneft.
Se está procediendo a demandar ante los tribunales estadounidenses la nulidad de los bonos 2020, ya que los que aceptaron el canje estaban al tanto de que la Asamblea Nacional había negado la autorización para esos bonos y se había hecho pública la advertencia.
Estamos en una situación grave, compleja y preocupante porque reina la incertidumbre.
La responsable, en todo caso, es Pdvsa, que en 1998 era la petrolera menos endeudada en el mundo y producía 3 millones y medio de barriles diarios a hoy que, según la OPEP, apenas produce 650 mil. Y apenas están activas dos de sus refinerías: Amuay y Cardón, al diez por ciento de su capacidad.
