Un total de 708 protestas registró el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de septiembre, lo que refleja una disminución de 28% en comparación con el mismo período del año pasado, mientras que las protestas acumuladas en lo que va de año se ubican en 12.591.
Destaca la información que el 69% de las protestas (485) fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), vinculados principalmente con exigencias laborales, acceso a servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos.
Mientras que el 31% de las protestas restantes (223) se corresponde a los derechos civiles y políticos (DCP), que incluyen a grupos políticos opositores y a los simpatizantes del régimen de Maduro. Además, de otros actores de la sociedad que demandan derechos civiles como justicia, seguridad ciudadana y derecho a la vida.
En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Capital lideró las protestas durante el mes pasado con 64 de las 708 reportadas en todo el país. Le siguieron los estados Anzoátegui (61), Mérida (61), Zulia (60); Bolívar (52) y Miranda (52).
La exigencia de derechos ciudadanos no es solo de una región, ocurre en todo el país. Quienes se han quedado en Venezuela no lo hacen de brazos cruzados, sino que han sido persistentes en exigir vivir con dignidad, en libertad y democracia.
Durante el período evaluado, las protestas se caracterizaron por: Movilización de trabajadores del sector público a nivel nacional en exigencia de salarios dignos y respeto a sus contrataciones colectivas, principalmente quienes laboral en el sector educativo, salud e industrias básicas; habitantes de todos los estados del país reclaman el colapso en los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, recolección de basura, aguas servidas y alumbrado público; se mantienen las protestas de simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones económicas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos: acciones de calle de opositores al régimen de Maduro en apoyo a los alcances internacionales y la denominada “Operación Libertad” del presidente (e) Juan Guaidó; descontento de las comunidades por el aumento oficial del servicio de gas doméstico, además del cobro excesivo de servicios básicos en moneda extranjera; rechazo popular al aumento de precio de las cajas CLAP y las modalidades de protesta más empleadas fueron concentraciones, cierres de calle, marchas y paros.
El detonante: Salario mínimo de US$2 dólares/mes
La situación que enfrentan los trabajadores fue el detonante de la conflictividad en septiembre. El OVCS documentó 258 protestas relacionadas con exigencias laborales, equivalentes a nueve diarias, para exigir mejoras salariales, seguros médicos y respeto a los contratos colectivos.
Desde mayo de 2019 el salario mínimo es de Bs 40.000. En vista de la espiral inflacionaria y dolarización de la economía, esta cifra representa hoy en día apenas dos (2) dólares mensuales, de acuerdo con el cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Quienes devengan una remuneración básica, en su mayoría los trabajadores dependientes del sector público, han tomado nuevamente las calles como espacio de lucha para reclamar ingresos acordes a sus necesidades de acuerdo a lo que dice el artículo 91 de la Constitución: “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales”.
Los contratos colectivos que caracterizan mejoras económicas para los trabajadores se han visto desdibujados. La mayoría de los derechos se resumen en salario o bonificaciones insuficientes. Linchamientos e intentos de linchamiento Durante el mes de septiembre el OVCS registró 11 casos relacionados con linchamientos o intentos de linchamiento, en todo el país.
Dos (2) personas fueron asesinadas en los estados Monagas y Falcón.
Estos 11 hechos registrados representan una disminución del 27% en comparación con agosto de 2019, cuando se documentaron 15 situaciones de esta naturaleza. Nuestro llamado a la población es a mantener la civilidad, respeto a la vida y no ejercer la justicia por cuenta propia, destaca el organismo.
