Condenar los tratos crueles y torturas en contra de presos políticos, acordó la Asamblea Nacional en la sesión de este martes, con motivo de cumplirse el primer año del asesinato del concejal Fernando Albán, mientras que se encontraba en manos del régimen usurpador.
Tras considerar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone al Estado la obligación de investigar y sancionar legalmente los delitos contra los Derechos Humanos cometidos por sus autoridades, al tiempo que establece, sin excepción, que las violaciones de tales derechos y los delitos de lesa humanidad deben ser investigados y juzgados.
Asimismo, en la Constitución se reafirma el derecho a la vida como un derecho fundamental y compromete al Estado a proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad.
Ofreciendo con ello, todas las garantías para proteger de forma efectiva los principios de inviolabilidad de la libertad personal como de la integridad física, psíquica y moral, donde se prohíbe de forma expresa, la desaparición forzada de personas, como la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También señala el acuerdo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 5: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y que de igual, el Estado Venezolano ha firmado y ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reconociendo desde el 26 de abril de 1994 las competencias del Comité Contra la Tortura, organismo conformado por expertos independientes que supervisan la aplicación de la referida Convención.
Recuerdan que el pasado 08 de octubre de 2018, fue torturado y asesinado bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia el concejal Fernando Albán, quien fue secuestrado de forma arbitraria tres días antes y se le mantuvo desaparecido, y luego aislado de forma ilegal por razones políticas.
En tal sentido, el Parlamento acordó: Rechazar todo tipo de tortura, tratos crueles e inhumanos, así como la desaparición forzada y violación de la libertad personal en contra de ciudadanos civiles y militares que actualmente se encuentran privados de libertad o bajo procesos judiciales, por sus convicciones y actividades de tipo político.
Asimismo, exigir sean realizadas todas las investigaciones objetivas que permitan enjuiciar y determinar las responsabilidades materiales e intelectuales de todas las denuncias realizadas antes los organismos nacionales e internacionales sobre tortura, tratos crueles e inhumanos y desaparición forzada sobre ciudadanos civiles y militares en custodia, por parte de funcionarios del Estado.
Con especial atención, sobre las denuncias radicadas ante el sistema de las Naciones Unidas, el sistema interamericano, y los diferentes organismos interparlamentarios de los que forma parte esta Asamblea Nacional.
También condenar todo tipo de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y asesinato de ciudadanos civiles y militares a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, y de forma clara,condenar que hace un año fue asesinado el Concejal Fernando Albán por parte de funcionarios del Estado venezolano.
Exigir la inmediata liberación de todos los presos políticos civiles y militares que se encuentran en los distintos centros penitenciarios y de detención en Venezuela, en especial, la liberación del Diputado Juan Requesens, en atención a lo dictado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Proponer declarar un Día Nacional en Contra de la Desaparición Forzada, Ejecución Extrajudicial y la Tortura, que sirva para condenar estos graves delitos violatorios a los principales Derechos Humanos, procurando la justicia, la verdad, reparación y no repetición.
Exhortar a todo el pueblo de Venezuela a participar y ser defensor de los Derechos Humanos, por medio de la denuncia, la difusión de información y el rescate de la Democracia, poniendo como medio la Comisión Permanente de Política Interior y la Comisión Especial de Justicia y Paz.
