Mañana los familiares del ex concejal Fernando Albán, hablarán en el Parlamento, al cumplirse el primer año de su asesinato, y se quiere ver la respuesta de la bancada chavista al respecto, afirmó la diputada de Primero Justicia, Amelia Belisario, al fijar posición en torno este hecho, en conferencia de prensa.
Recordó durante su intervención, que el 5 de octubre de 2018, el concejal Albán fue detenido por funcionarios del Sebin.
Expresó que todos exigen que haya justicia y anuncian una agenda para honrar a Fernando, con motivo del primer aniversario de su vil asesinato, mientras permanecía en manos del régimen, “El día martes estaremos en la AN acompañando a sus familiares que también elevarán su voz. Estamos seguros que estarán en sus curules los que apoyan al régimen que le quitó la vida a Fernando y queremos ver qué respuesta le van a dar al país, como van a responder su familia”, preciso la parlamentaria.
Recordó que el 5 de octubre del año pasado, Albán fue detenido por funcionarios del Sebin y que en los días subsiguientes se exigió conocer el paradero del político, “hasta que supimos que estaba en manos de los cuerpos represores del Estado”.
“El día lunes 8, cuando debía ir a ser presentado, lamentablemente recibimos la noticia de que había fallecido, y no murió como quiso mentirle al mundo Tarek (William Saab), lo que sucedió con Fernando y luego corroborado por el ex director del Sebin, Cristopher Figuera; es que fue vilmente torturado y luego lanzado del piso 10 del Sebin. Torturas que fueron propiciadas porque no lograron doblegarlo. Lo torturaron para
hacer que mintiera”, afirmó.
Mientras la hermana del fallecido, también se expresó desde la sede del partido donde militaba Albán, Primero Justicia, y señaló en términos categóricos: “tenemos la seguridad de que mi hermano no se suicidó, a mi hermano lo asesinaron y por eso hoy, mañana, y todo lo que nos queda, exigimos justicia”.
Se recuerda que el régimen anunció que dos funcionarios que tenían la responsabilidad de “custodiar” a Fernando Albán, fueron imputados por su muerte y sentenciados a 6 años de prisión, medida que ha sido rechazada por los familiares y por las organizaciones políticas de oposición.
