Dudas, inseguridad, temor, pánico y terror causa el anuncio de la cédula inmobiliaria, que expedirá el régimen como resultado del XV Censo del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional.
Así lo declaró el doctor José Gregorio Zaá, asesor legal de la comisión especial que se ha conformado en Lara, para brindar asistencia jurídica, gratuita, a las personas que consideren que pueden perder sus propiedades con esta decisión del régimen.
Porque todas las aprehensiones se han venido presentando después que el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dio a conocer que el cuerpo de empadronadores estará compuesto por integrantes de la Milicia Bolivariana, el Poder Popular (Unidades de batalla Hugo Chávez, comuneros, manzaneros, cooperantes, etc) y Somos Venezuela, todos ellos afectos al régimen y no técnicos preparados para llevar a cabo un trabajo que no puede tener color político.
La idea no es nueva, ya que la misma forma parte de la labor ideológica de los cubanos que desde hace tiempo han estado participando en el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (Saren).
El censo tiene que ser fidedigno, verosímil, sobre el número de habitantes que tiene el país, así como conocer el nivel de vida, empleo y demás detalles con la población.
Como ha sido regla general, el censo se hace cada diez años. Si el último fue en 2011, el próximo tiene que ser en el 2021. Pero, ahora el régimen trata de llevar a cabo este operativo, precisamente cuando, según las Naciones Unidas, han huido más de cuatro millones de personas del país en busca de mejorar su condición de vida, ya que la hiperinflación y los pésimos servicios les impiden seguir viviendo en Venezuela.
El régimen trata de embutir información relativa a viviendas, locales, terrenos y cualquier otro bien que fueron dejadas solas o bajo el cuidado y custodia de familiares, amigos y vecinos.
Como esa información será transmitida por cooperantes, milicianos, manzaneros y todos los activistas rojos rojitos, es que ha aflorado entre la población democrática el miedo, el temor y hasta el terror.
Se duda del objetivo del censo, porque lo que se ha planificado es un operativo, que encierra el peligro de que los bienes inmuebles puedan ser arrebatados por el régimen, ya que éste ha empleado el derecho a la adjudicación.
Ya hemos visto que en Barquisimeto, Los Rastrojos, La Piedad y La Puerta, donde seudos propietarios llevados por el régimen, no tienen titularidad de inmuebles, sino de adjudicatarios.
Hay una diferencia entre adjudicación y propiedad. Ésta tiene características muy específicas: uso, goce, disfrute y disposición.
En la adjudicación se pueden tener las tres primeras características, pero en la propiedad además las particularidades de ceder, donar, permutar o vender.
El régimen ha dado instrucciones al Saren para que no realicen trámite alguno a los adjudicatarios de inmuebles. Lo mismo que pasa en Cuba, donde no existe propiedad privada.
Ya se ha instalado en el Colegio de Abogados del estado Lara la comisión especial de la Asamblea Nacional, al frente de la cual está el diputado Ángel Torres, dijo el Dr. Zaá, quien es el asesor legal, quien está actuando junto con la también profesional del Derecho Luzmila Leal. A los interesados se les dará asistencia legal, jurídica y constitucional.
Hasta el momento se conoce de situaciones irregulares en La Piedad, Los Rastrojos, Cabudare y norte de la ciudad. En el sector Alí Primera existen denuncias de que algunos individuos quieren quedarse con los inmuebles que han quedado solos.
El Dr. Zaá manifestó que ya está en el ambiente el lema: Dile no a la dictadura, no le abras.
Lo que se trata es de advertir a la población de que no se le abran las puertas a los que van a hacer el empadronamiento, porque ya se sabe cuáles son sus intenciones.
