Desde el lunes de esta semana han quedado cesantes 541 trabajadores de la Azucarera Río Turbio, informó Jhonny Torres, secretario de finanzas del sindicato de esa empresa.
Al tomar la medida, los propietarios de la factoría adujeron que no tienen recursos para continuar operando y, además, no cuentan con la materia prima para procesar, ni tampoco para realizar las labores de reparación y mantenimiento de los equipos.
Al mismo tiempo, explicó el dirigente sindical, a estas alturas los cañicultores que arrimaron el producto no han recibido ningún pago concerniente a la zafra que terminó el 14 de abril.
Resulta contraproducente que después de más de cinco meses no se haya cumplido con esta obligación cuando vivimos un proceso de hiperinflación, que volatiza el valor del dinero.
En ese tiempo, el precio del arrime, prácticamente, se ha convertido en sal y agua.
Debido a la situación que se ha presentado se hace dificultosa que la factoría pueda estar apta para la próxima zafra, que debe comenzar en noviembre.
Una vez que termina el “refino” de la caña, como ocurrió en días pasados, hay que proceder a reacondicionar los cinco molinos y demás maquinarias de la factoría. Pero, esas labores no se han hecho por falta de dinero.
Conviene indicar que, aparte del arrime de productores de la región, en la azucarera también se procesa lo que se conoce como el “crudo”, procedente de Nicaragua.
Se había anunciado que venía un barco, pero al quedar cesantes los más de quinientos trabajadores, indudablemente, que si llega ese cargamento a Puerto Cabello, no podría ser procesado en la Azucarera Río Turbio sino en otra factoría, porque el mencionado producto es importado y los importadores no correrían el riesgo de perderlo.
Desde el mismo lunes, el Sindicato de Trabajadores de la Azucarera Río Turbio, afiliado a la Central Bolivariana, han venido haciendo gestiones destinadas a impedir que los trabajadores queden completamente en la calle.
Además, el cierre de la factoría sería un duro golpe no sólo para esos trabajadores, sino para cuatro mil familias, entre las cuales se encuentran las de los cañicultores, los transportistas y otras personas que viven del negocio de la caña de azúcar.
Para este viernes, a las 9 de la mañana, se ha previsto una reunión de una mesa técnica, en la Inspectoría del Trabajo, para estudiar la situación.
Los trabajadores están pidiendo la aplicación de la ley en lo que se refiere a nombrar una junta administradora para que impida el cierre definitivo de la empresa y, por supuesto, evitar que esos 541 trabajadores vayan a engrosar las filas del desempleo, precisamente en los momentos angustiantes de hiperinflación que estamos viviendo, dijo Torres.
