El régimen institucionalizó el Carnet de la Patria y otros planes sociales, para intimidar a la población y así propiciar un ambiente de discriminación, persecución y control político, asegura la organización de la sociedad civil Acceso a la Justicia.
En efecto, AJ subraya en su informe anual 2018 “El camino a la dictadura con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)” que el 10 de septiembre de 2018 se institucionalizó el Carnet de la Patria, a través del decreto de estado de excepción n.º 3.610, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.478 del 10 de septiembre de 2018, como el documento de identidad necesario para poder obtener subsidios y servicios del Gobierno. La decisión que, como tantas otras, atenta contra el Estado de derecho, fue avalada por el TSJ en sentencia n.° 638 del día 20 de ese mismo mes, con lo cual se le concedió carácter constitucional al referido documento.
Recuerda asimismo que en mayo de 2018, las organizaciones no gubernamentales (ONG) Espacio Público, Civilis, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la institucionalización del Carnet de la Patria representa una violación a los derechos humanos.
En este sentido, las ONG argumentaron:
“El Gobierno usa el Carnet de la Patria y otros planes sociales para intimidar a la población y así propiciar un ambiente de discriminación, persecución y control político. No sólo para obligar a las personas a participar en procesos electorales, sino para acceder a medicinas, alimentos, vivienda, educación, servicios e incluso para realizar trámites o denuncias en organismos públicos. La ciudadanía sin importar su condición ha sido vejada y sus derechos transgredidos a pesar de las condiciones de salud, sociales o de vulnerabilidad. Personas que presentan necesidades específicas se han visto impedidas a acceder a sus derechos por no contar con el Carnet de la Patria, la población es discriminada y segregada por un apartheid político bajo una política autoritaria y de control”.
El gobernante Nicolás Maduro, durante su campaña presidencial de 2018, reconoció el manejo político del referido instrumento, cuando señaló: “La patria te protege por el Carnet de la Patria y tu proteges a la patria con tu voto. Esto es dando y dando”.
Asimismo, el jefe nacional de los CLAP y ministro de la cartera de agricultura urbana para 2018, Freddy Bernal, expresó públicamente:
“El CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia, en una herramienta de organización y podemos decir responsablemente que los CLAP junto al PSUV, contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de gobernaciones y las elecciones de alcaldes”.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La Constitución de 1999 consagra el derecho de todos los venezolanos a la alimentación, sin discriminación alguna. Por otra parte, el Estado debe generar las condiciones para la libre empresa y crear el marco jurídico para la producción de bienes y servicios que puedan atender las necesidades de la población.
El Carnet de la Patria ha sido empleado como un documento de seguimiento y verificación político electoral de la población más afectada por la grave crisis socioeconómica que el gobierno central no ha querido atender. Con su aplicación no se resuelven las necesidades básicas de los venezolanos, por cuanto es una medida coyuntural, no pensada ni ideada para una población en emergencia humanitaria compleja.
