Familiares de los reos que se encuentran en situación conflictiva en el Centro de Reclusión de Boleíta, conocido como “Zona 7”, emplazan a la Ministra de Servicios Penitenciarios, para que se apersone en el sitio, “dé la cara” y busque soluciones a la situación que allí persiste y que hasta el momento, presuntamente ha dejado como saldo dos personas muertas, una de ellas decapitada.
En efecto, desde el martes en horas de la tarde se inició la protesta de los reos, quienes reclaman sus traslados, ante la condiciones infrahumanas y de hacinamiento en las cuales se encuentran, peticiones que continúan sin ser atendidas, están según la versión de los familiares, recluidas cerca de 1.000 reos cuando en lugar tiene capacidad solo para 200 personas.
Piquetes de la Policía Nacional Bolivariana se han colocado en los alrededores del centro de reclusión, para impedir que los familiares que no se han movido del lugar desde el día martes, por cuanto el conflicto se inició mientras se realizaba la visita, se puedan acercar a solicitar información sobre la condición de cada uno de sus hijos, esposos, hermanos allí detenidos.
Denunciaron los familiares que para permitirles la visita, tienen que pagar 3.000 bolívares; para entregarles los alimentos, entre 7.000 y 10.000 bolívares; para permitir la visita conyugal, son 50.000 bolívares y cuando un reo es sancionado y lo bajan al sótano, que llaman “el inframundo”, tienen que pagar entre 100 y 300 dólares para que lo saquen del lugar.
La señora Elena Colorado dijo que en las celdas de 4 metros cuadrados, hay hasta 40 personas, no tienen baños, hacen sus necesidades en bolsas plásticas, no tienen ventilación y que en el sitio proliferan enfermedades como tuberculosis, Sida, desnutrición.
Susana Pérez dijo que su hijo “fue sembrado por el Faes”, indicando que este cuerpo también cumple las funciones de “exterminio”; mientras que la señora Carolina de Herrera ratificó las condiciones deplorables que están viviendo las personas detenidas en este centro de reclusión.
La señora Hernández, cuyo esposo fue decapitado, dijo que lo acusaron de estar vinculados con hechos de violación, cuando la verdad es que estaba detenido por hurtos menores, afirmando que los mismos presos le quitaron la vida, señalando de haber cometido un delito del cual nunca fue culpable.
Hasta estas horas del mediodía del miércoles, la tensión en el lugar continúa, los familiares de los reos afirman que no se retirarán del sitio hasta tanto no se presenten los fiscales del Ministerio Públicos, los representantes del Defensor de Pueblo y la Ministra Varela, ya que le advierten que “así como ha sido protectora de la carcel de Tocoron, venga a defender al los presos de Zona 7”.
