La Ordenanza de Impuesto sobre Actividades Económicas, puesta en vigencia en la localidad de Cagua, municipio Sucre, constituye un riesgo para la productividad y competitividad de las industrias de la región, afirmó en conferencia de prensa, el Presidente de la Cámara de Industriales del Estado Aragua (CIEA), Freddy Lujano.
En el encuentro con los medios de comunicación, realizado en la sede de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Lujano alertó que la medida tendrá efectos negativos en las industrias de la región, dado que su aplicación fue realizada sin atender a las capacidades de cada empresa para efectuar dicha contribución, incrementada al menos en un 1000% respecto al tributo anterior.
Precisó que el instrumento, al que calificó como confiscatorio, abarca a las grandes, medianas y pequeñas industrias y comercios, y les obliga a tributar sobre su ingreso bruto, lo que implica que independientemente del nivel de ganancia o pérdida, deberán cancelar los compromisos tributarios a montos exorbitantes que comprometen la rentabilidad y la propia existencia de las empresas.
“Las empresas en Aragua están produciendo por debajo del 10% de lo que producían hace 5 años. En el sector metalmecánico de la región conseguimos empresas que están totalmente paralizadas”, aseguró.
El dirigente empresarial precisó que la Ordenanza, no contempla la progresividad que permite deducir el cálculo de otros impuestos y costos, como la recaudación del Seniat, pues este decreto no toma en cuenta las demás contribuciones fiscales con las que deben cumplir las empresas.
Lujano enfatizó en que si las empresas de Cagua no pueden mantenerse abiertas, se está poniendo en riesgo la alimentación de un alto porcentaje de los venezolanos, teniendo en cuenta que la localidad de Cagua alberga el 15% de todo el parque industrial aragüeño, y además es sede de importantes empresas del sector alimentario y de suplidores de dichas industrias.
El industrial hizo un llamado a los concejales del municipio Sucre y la Cámara Municipal, para que se derogue el impuesto y a que se les permita a las empresas seguir tributando según la ordenanza previa, al tiempo que solicitó la apertura de mesas técnicas con el sector privado para definir acciones en pro de la sostenibilidad y operatividad de las empresas del sector.
