El Estado está en la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud y la vida de los pacientes del principal hospital infantil de Venezuela, de acuerdo con la nueva medida cautelar otorgada por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de 14 servicios del Hospital José Manuel de los Ríos, vigente desde el pasado 21 de agosto de 2019.
Se recuerda que en 2018, el ente internacional había dictado una medida cautelar al servicio de nefrología. Sin embargo, dada la crisis en la que también se encontraban otros 13 servicios del Hospital JM de los Ríos, Cecodap y Prepara Familia decidieron solicitar una ampliación.
El 21 de octubre del año pasado, enviaron la petición a la CIDH. En el documento expusieron múltiples denuncias que recibieron de familiares de pacientes y personal del Hospital JM de los Ríos. Además, mensualmente ambas organizaciones enviaron una
actualización de la paupérrima situación de los servicios de Cardiología, Hematología, Neumonología, Medicina II, Medicina III, Anatomía Patológica, Centro de Lactancia, Consulta Externa y Triaje, Neurocirugía Pediátrica, Pediatría Integral, Nutrición, Medicina de Adolescentes y Neurología Pediátrica.
“Esta medida cautelar es una protección internacional a más de 1.000 niños, pues se trata de una medida colectiva. El hecho de que se haya otorgado ya nos indica la gravedad y urgencia en la que se encuentran los pacientes. Eso hace emblemática la decisión de la
CIDH en el contexto de emergencia humanitaria compleja en Venezuela”, aseguró Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap.
Ampliación de medida cautelar
Entre las más recientes actualizaciones que la CIDH tomó en cuenta para la ampliación destacan:
1. Incremento de muertes: Cecodap y Prepara Familia indicaron que las cifras de niños fallecidos se incrementaron de manera exponencial en el año 2018. Según la representación, las principales causas de los fallecimientos de los niños en el año
2018 fueron: shock séptico, neumonía, desnutrición, insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, diarrea aguda-deshidratación grave.
2. Trasplantes paralizados: Al 9 de abril de 2019, 30 niños del servicio requerían trasplante de médula ósea, de los cuáles 20 presentaban importantes riesgos. Hasta el 31 de mayo de ese mismo año fallecieron cuatro pacientes y otro niño que se fue del país con su familia para recibir la asistencia médica. Además, 15 niños todavía requerirían trasplante con urgencia, bajo riesgo de muerte y discapacidad.
3. Fallas eléctricas y de suministro de agua: los apagones y la falla de suministro de agua aceleraron la ya deteriorada situación estructural del hospital. En la torre de hospitalización y en la de aislamiento, los niños, niñas y adolescentes hospitalizados no pudieron cumplir con su higiene personal ya que los baños estaban cerrados. A esto se le sumó la continuidad de olores fuertes. Las organizaciones también denunciaron que esto tuvo un impacto diferenciado en las niñas, las adolescentes y mujeres cuidadoras debido a que no podían cumplir con su higiene menstrual. Las madres embarazadas estuvieron en riesgo de contaminarse en los pocos baños que dejaron abiertos debido al estado de estos. Por las fallas en el suministro regular de agua, se suspendieron las operaciones pautadas y procedimientos. A los niños con una operación quirúrgica programada tuvieron que darles de alta porque se inició un plan de contingencia especial por causa de los apagones. Solo se operan casos urgentes, ya que el hospital no cuenta con los anestesiólogos que requiere.
4. Merma de la operatividad: para febrero de 2019 solo existían 164 camas operativas, siendo que para el 2007 tenían 332. En otra actualización de información, se indicó que para el 31 de mayo de 2019 el número de camas operativas disminuyó a 80 operativas. Los datos fueron suministrados por la Sociedad Médica del Hospital. Con respecto a quirófanos, debería contar al menos con 30 anestesiólogos, habiendo actualmente seis. Hasta mayo de 2019, el hospital tenía nueve quirófanos, de los cuales solo se encontraban activos siete; sin embargo, solo se utilizaban dos quirófanos por el déficit de anestesiólogos.
5. Migración de personal: Las organizaciones informaron que las áreas más afectadas por la migración de médicos y enfermeros son Quirúrgica, Hemodinamia, Hematología, y Anatomía Patológica. Para el cierre del 2018, según información de Recursos Humanos del Hospital, se registró la renuncia de más de 400 trabajadores.
6. Alimentación: debido al desabastecimiento de fórmulas y suplementos, la desnutrición en niños, especialmente lactantes, había aumentado. Para finales de agosto de 2018, recibían una arepa sola e desayuno sin relleno, arroz blanco con granos solo de almuerzo y cena, sin proteínas, sin sal, ni condimentos porque el Ministerio de Salud no lo suministra. En abril de ese mismo año, el Ministerio de Salud suspendió la alimentación a las madres y mujeres cuidadoras de los niños y niñas hospitalizados, (la cual otorgaba desde agosto de 2017), y a los médicos residentes (la cual otorgaba desde marzo de 2018).
7. Censura: el día 21 de febrero de 2019 el área de seguridad del hospital habría impedido la entrada de la directora de una organización representante. Esto representó un obstáculo más para la documentación de la situación del JM de los Ríos.
Para Katherine Martínez, fundadora de Prepara Familia, el principal impacto de la ampliación de las medidas cautelares lo viven las familias. Desde Prepara Familia , organización que ha acompañado el proceso de muchas madres y mujeres cuidadoras, se aseguró que para los niños, niñas y adolescentes del JM de los Ríos la decisión de la CIDH es una esperanza y una posibilidad de mejorar su condición de salud.
“Estamos hablando de la posibilidad no solo de visualizar su situación, sino también la posibilidad de justicia y reparación. Estos niños tienen muchas puertas cerradas, pero con la medida cautelar se les abre una puerta importante. Es una esperanza para las madres, que ahora sienten que pueden recibir justicia y que sus hijos están protegidos”, señaló Martínez.
Solicitó a la sociedad una participación activa para exigir al Estado que acate las medidas cautelares. “Es su deber garantizar los derechos fundamentales de los niños del JM de los Ríos. Ahora viene la etapa de exigirle al Estado que cumpla con el mandato de la CIDH y para eso es necesario que todos nos unamos para lograrlo. Los niños merecen todo el esfuerzo, todas las luchas que podamos hacer para que puedan contar con el ejercicio de sus derechos”, aseguró.
