En Venezuela, en los últimos, años se ha desarrollado una política
económica enfocada claramente en destruir la producción de
riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por
este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la
población venezolana, en lo que ha sido calificado como un
“genocidio económico”.
Así lo revela una investigación adelantada desde el año 2007 por el
Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, a cargo
de los especialistas Ricardo Rojas y Andrea Rondón, a través de la
cual se ha detectado una política sistemática de desconocimiento de
la propiedad privada que ha tenido como consecuencia la
destrucción del aparato productivo nacional; un sometimiento
prácticamente absoluto de los productores al Estado venezolano; y
los mayores índices de pobreza y desnutrición que se recuerden.
En su trabajo, se pasearon por el Estatuto de de Roma, en cuyo
artículo 6 en el que se establece de manera específica que
“…se entenderá como supuestos de «genocidio» cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de
destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión
grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas
destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado
por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” En el caso
venezolano, los autores de esta investigación, afirman que existe un
genocidio económico fundamentalmente relacionado con el c)
Sometimiento intencional.
Rojas y Rondón afirman que una interpretación del genocidio desde
la protección de la persona y sus derechos como una integridad,
lleva a concluir, que no debe considerarse genocidio únicamente a
los actos armados y violentos contra una parte de la población
destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de
agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al
atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su
propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar
y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los
mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares.
Se ratifica como en el Estatuto de Roma se definen las etapas en las
que claramente se identifica el propósito de destruir a una parte de la
población. En el caso venezolano, se han denunciado persecuciones
políticas, torturas, prisiones ilegales, homicidios por grupos
paramilitares y un sistemático abuso del poder. Pero los
investigadores incluyen entre estos argumentos, el del desarrollo de
una política económica enfocada claramente a destruir la producción
de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por
este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la
población venezolana.
A modo de conclusiones los investigadores del Observatorio de Derechos
de Propiedad de Cedice Libertad, advierten que cuando se examina una eventual imputación a Nicolás Maduro y miembros de su
gobierno por delitos de lesa humanidad y genocidio, a las
imputaciones de persecución política a disidentes, encarcelamientos,
muertes, fomento de grupos paramilitares descontrolados,
detenciones arbitrarias y corrupción, no deben olvidarse -porque a
esta altura constituye una clara forma de persecución sistemática e
intento de aniquilamiento de parte de la población civil- todas las
medidas económicas y sus nefastas consecuencias. Lo que se ve
agravado, en este caso, por el hecho de haber rechazado la ayuda
humanitaria internacional para palear de alguna forma el hambre y
enfermedades que crecen en el país.
Una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y
sus derechos como una integridad, lleva a concluir, según entienden
y propician en la investigación, que no debe considerarse genocidio
únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la
población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros
actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo
exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee
para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de
producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos
elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos
por paramilitares, convierten al dictador en genocida, y esas
consecuencias son palmarias en la actual Venezuela.
