La presidenta de Control Ciudadano ha presentado más de dieciséis denuncias amenazantes en su contra en el curso de diez años, pero ninguna ha sido investigada
La doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, está viviendo desde el martes de esta semana un nuevo ciclo de amenazas, según su propia confesión a elimpulso.com.
Esta última proviene de alguien que dice llamarse Carlos Beltrán, quien manifiesta pertenecer a un sindicato que tiene afiliados en todo el territorio nacional. Sin embargo, esa identificación no parece ser real.
No obstante, el número telefónico sí lo es, ya que tanto las llamadas del martes como los mensajes de texto del miércoles corresponden a un aparato que, en cuestión de cinco minutos, si la policía actúa de acuerdo con sus funciones investigativas, ya se sabría quién es el autor de las amenazas.
Estas no han amedrentado a la Dra. San Miguel, quien manifestó que continúatrabajando por la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía.
Los abogados de San Miguel están precisando detalles para consignar la denuncia ante el Ministerio Público.
Cuando se le preguntó si confiaba en que este organismo procedería a actuar, la profesional del Derecho y profesora universitaria respondió que como ciudadana está en el derecho de plantear su situación ante el órgano correspondiente.
Fue entonces cuando reveló que desde hace más de diez años ha venido viviendo etapas de amenazas.
En el 2008 comenzó ese calvario cuando denunció como inconstitucional y, desde luego, bestial por su contenido a la ley “sapo” disfrazada como la que creaba el servicio nacional de inteligencia y contra inteligencia. Tras treinta días de rechazo por parte de Control Ciudadano, el presidente Hugo Chávez la derogó.
En más de diez años, la presidenta de Control Ciudadano ha venido recibiendo amenazas que han motivado la presentación de más de 16 denuncias ante el Ministerio Público. Ninguna ha sido investigada.
Es por esta razón que dice que las amenazas de martes y miércoles forman parte de un nuevo ciclo.
Cabe resaltar que hay tres personas defensoras de los derechos polìticos que debieran tener protección como lo ha solicitado oficialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Rubén González, sindicalista de Guayana; Luis Carlos Díaz, periodista; y la Dra. San Miguel.
Las amenazas, como es natural, han causado gran preocupación a la familia de la principal activista de Control Ciudadano, quien ha venido últimamente insistiendo en el contenido del informe de la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien planteó la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por considerarla un grupo de exterminio, que ha causado más de 6000 homicidios en un país donde está prohibida la pena de muerte.
