La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde) ha venido tomando medidas arbitrarias al establecer tarifas en los estacionamientos y precios por concepto de operabilidad en las clínicas o mensualidades en los colegios privados.
Tal es la opinión del Dr. Domingo Montes de Oca Martínez, especialista en materia municipal y con una larga trayectoria en el ejercicio del Derecho, al ser consultado por elimpulso.com.
Señala que cuando los funcionarios de ese organismo deciden tomar una medida en determinado renglón de servicio, no tienen criterio científico, ni previamente han realizado ningún estudio, ni mucho menos les ha preocupado consultar a los actores principales involucrados.
Generalmente, lo hacen en base a los índices inflacionarios, pero hay que tomar en cuenta que el organismo que debe regular la economía, como es el Banco Central de Venezuela, duró más de dos años sin dar a conocer ningún informe del comportamiento económico de la Nación.
Pero, después que suministró cifras, que nunca estuvieron basadas en la realidad, porque se produjo como se acostumbra en este régimen de maquillar lo más que se pueda para disfrazar el acontecer diario, proceden los demás organismos a establecer criterios, pero éstos siempre son arbitrarios.
Es por ello que cuando se fijan los precios, éstos no guardan ninguna relación con la realidad del movimiento económico. Y lo peor del caso es que no existe temor alguno sobre los resultados que puedan arrojar las decisiones que han sido tomadas.
Ignoran que la economía es totalmente rebelde y no se rige por decretos, por decisiones arbitrarias, ni por supuestos, pues tiene su propio ritmo, que a veces resulta arrollador.
Por lo general, las medidas que toman organismos oficiales como la Sundde no se corresponden con las normas legales y constitucionales. En consecuencia, lesionan los derechos de los ciudadanos.
Si en este caso fueron afectados estacionamientos, clínicas y colegios privados, mañana serán perjudicados otros sectores, porque nunca se hacen las correcciones necesarias, ya que lo que impera es la arbitrariedad, el capricho y la ignorancia de los funcionarios, que por no estar debidamente capacitados para sus actividades, hacen caso omiso a lo que dicta la realidad, expresó.
