De todas las sanciones que han sido impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios de éste régimen, la más grave es la orden de captura al exvicepresidente y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami, por cuanto se le está señalando de estar incurso en el delito de narcotráfico y de tener vinculación con el terrorismo.
Así lo considera el general y profesional del Derecho Fernando Ochoa Antich, exministro de Defensa y quien cumplió funciones diplomáticas al salir de ese despacho, cuando fue consultado por elimpulso.com.
En este sentido, señala que el gobierno de los Estados Unidos ha venido haciendo hincapié en los casos de violación de los Derechos Humanos, corrupción administrativa y lavado de dinero.
Pero, en el caso del mencionado funcionario, que forma parte del círculo íntimo y partidista de Nicolás Maduro es sumamente delicado, sobre todo porque el señalamiento delictual que se le hace, le impide que ponga un pie fuera del territorio venezolano, ya que podría ser detenido por cualquier autoridad extranjera.
Claro está que ha habido otros funcionarios y exfuncionarios que han sido objeto de sanciones también por aparecer como involucrados en el narcotráfico, pero a ninguno se le ha dictado orden de captura como ocurre con El Aissami.
Por otra parte, en los casos de los generales Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional e Iván Rafael Hernández Dala, titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por
violación de los Derechos Humanos, es necesario indicar que ellos son responsables por formar parte del equipo gubernamental que sigue las líneas políticas del régimen. Se trata de sanciones individuales.
Es de tomarse en cuenta que para tales medidas se tienen las denuncias formuladas por las víctimas de familiares, las propias investigaciones hechas por el gobierno estadounidense y es de suponerse que también proporcionó detalles el informe elaborado por la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Porque se tenga grado militar nadie está eximido de cumplir con todos los aspectos de las normativas legales. Del FAES se señala en el informe que ha realizado más de siete mil ejecuciones extrajudiciales y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar está muy fresco el caso del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo”.
Hoy se ha venido planteando públicamente el caso del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, a quien se le ha confinado en una celda del Fuerte Tiuna, impidiéndosele visitas de familiares y de sus abogados.
Recuerda el general y abogado Fernando Ochoa Antich que cuando él era ministro de la Defensa cayeron presos Hugo Chávez y otros que participaron en la intentona del 4 de febrero del 92, a quienes se les respetaron todos sus derechos, porque esa fue la política que se estableció cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez.
Pero, la violación de los Derechos Humanos ha sido sistemática con Chávez y continuada por Maduro.
Es por ello que cuando se sanciona al director del Dgcim y, además, jefe de la casa militar de Maduro es porque no ha debido ocurrir el asesinato del capitán de corbeta Acosta Arévalo ni ningún tipo de torturas contra detenidos por ese servicio. “Al parecer hay dos tenientes detenidos como autores materiales, pero los tratos inaceptables según denuncias han venido ocurriendo de forma permanente”.
Lo que sí le parece exagerado al general y abogado Ochoa Antich es que también se le hayan impuesto sanciones a las esposas e hijos de los militares sancionados, porque la sanción tiene que ser para los funcionarios y no para sus familiares. Se trata de una responsabilidad personal.
En cuanto al caso de El Aissami dice que constituye un hecho sin precedentes, puesto que tiene trascendencia por tratarse de una acusación sumamente grave, que conlleva penas muy grandes si llega a ser capturado por las autoridades estadounidenses que ya han decretado su captura.
