Con un balance crítico, marcado por la deserción escolar y el éxodo sin precedentes de docentes, culminó el año lectivo 2018-2019, debido a que la profunda crisis que atraviesa el país ha obligado a los ciudadanos a emigrar en búsqueda de oportunidades y de una mejor calidad de vida.
El pronunciamiento lo hizo la diputada a la Asamblea Nacional, por Primero Justicia, Amelia Belisario, al destacar que este año en particular los estudiantes en todos los niveles perdieron más de 80 días de clase producto del colapso eléctrico.
En este contexto detalló el estudio realizado por la Secretaría de Educación del partido Primero Justicia, que dirige Gustavo Padrón.
En efecto, de 200 días de clases que establece el calendario escolar, sólo se han dado desde enero hasta julio un aproximado de 87 días en el turno de la mañana y 56 en el turno de la tarde, lo que se traduciría en cualquier país con un gobierno responsable en un período escolar perdido.
A esto se le suma que un aproximado de 2000 docentes ha abandonado las aulas de clase sólo en este período 2018-2019.
La parlamentaria indicó que la infraestructura escolar no mejoró este año. Siete de cada 10 centros visitados tienen carencias: filtraciones, sin servicios públicos, insalubridad en los baños, inseguridad. El programa de alimentación escolar PAE no cubre los requerimientos para una buena nutrición de los escolares, donde todavía funciona, señala el estudio de PJ.
Belisario acompañada por Padrón, también hizo énfasis en que los docentes son víctimas del régimen, se les viola su derecho al trabajo digno y refirió los aspectos recabados en el sondeo realizado por Primero Justicia.
Aseguró que seis de cada diez docentes ha perdido más de diez kilos, por la mala alimentación, la falta de atención médica y la estabilidad emocional que requiere, esto como consecuencia de los bajos salarios que no le permiten acceder a los alimentos de la Cesta Básica Familiar, no tener seguridad social, el acoso al que es sometido por los funcionarios encargados como directores y supervisores, las largas caminatas que hacen para llegar a su centros de trabajo por fallas del servicio de transporte.
Advirtió que el colmo es que en retaliación, el Ministerio de Educación ha desincorporado de la nómina con suspensión de salario de más de 18.000 docentes a nivel nacional, prescindiendo de las garantías constitucionales al debido proceso y al derecho a la defensa, en la mayoría de los casos por protestar y reclamar sus derechos contractuales.
Tras detallar la situación sectorial, solo en Educación Inicial, Básica y Media, la diputada se pregunta “¿cómo se puede esperar que el país progrese?”.
