La Corte Suprema federal allanó el viernes 26 de julio el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump pueda canalizar miles de millones de dólares del Pentágono a la construcción de secciones de un muro divisorio en la frontera con México.
Los cinco magistrados conservadores del máximo tribunal dieron al gobierno luz verde para que comiencen las obras estipuladas en cuatro contratos ya asignados con recursos del Departamento de Defensa. Tribunales de menor instancia habían congelado la financiación de los proyectos. Los cuatro magistrados liberales de la corte se opusieron a permitir la construcción.
La decisión de los magistrados de descongelar los recursos permite a Trump avanzar en uno de sus principales compromisos de su campaña en 2016 mientras busca la reelección. Trump tuiteó después del anuncio: “Gran victoria sobre el muro. La Corte Suprema federal anula la orden de un tribunal inferior, permite que proceda el muro de la frontera sur. Gran victoria para la seguridad fronteriza y el estado de derecho”.
En mayo, un tribunal de primera instancia congeló los recursos y una corte de apelaciones ratificó este mes la decisión. El congelamiento de los fondos había impedido al gobierno utilizar aproximadamente 2.500 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Defensa para remplazar secciones existentes de barreras fronterizas en Arizona, California y Nuevo México.
El caso sobre el que falló la Corte Suprema comenzó después del cierre parcial del gobierno, que empezó en diciembre del año pasado y se extendió por 35 días. Trump puso fin a ese cierre en febrero, cuando el Congreso le concedió aproximadamente 1.400 millones de dólares para el muro. Sin embargo, la cantidad fue mucho menor a los 5.700 millones de dólares solicitados, y el presidente declaró entonces una emergencia nacional para echar mano de otros recursos del gobierno y canalizarlos a la construcción de secciones del muro.
Los recursos que Trump pretendía incluían 3.600 millones de dólares de fondos para construcciones militares, 2.500 millones de dólares del Departamento de Defensa y 600 millones del fondo de activos confiscados del Departamento del Tesoro.
El caso ante la Corte Suprema implicó solamente los 2.500 millones de dólares del Departamento de Defensa, que el gobierno asegura serán utilizados para construir más de 160 kilómetros (100 millas) de barreras. Uno de los proyectos prevé sustituir 74 kilómetros (46 millas) de barreras en Nuevo México a un costo de 789 millones de dólares. Otro reemplazaría 101,3 kilómetros (63 millas) en Arizona por 646 millones de dólares. Los otros dos proyectos en California y Arizona abarcan distancias menores.
Los recursos del Departamento del Tesoro han sobrevivido hasta ahora a diversas demandas judiciales, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los ha asignado a obras en el Valle del Río Grande, Texas, aunque no ha otorgado contratos por el momento. La transferencia de los 3.600 millones de dólares correspondientes a fondos para construcciones militares aguarda la aprobación del secretario de Defensa.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) interpuso la demanda a nombre del organismo ambientalista Sierra Club y el grupo activista Southern Border Communities Coalition ante la Corte Suprema para oponerse a la utilización de los recursos del Departamento de Defensa. Los jueces que suspendieron la congelación de fondos no dieron una explicación amplia sobre los fundamentos de su decisión. Pero sí dijeron que, una de las razones por las que la tomaron, era que el gobierno había “demostrado en forma suficiente en esta etapa” que los que presentaron la demanda no tienen derecho a impugnar la decisión para utilizar el dinero.
“Nos complace que la Corte Suprema reconociera que los tribunales de menor instancia no deberían haber suspendido la construcción de muros en la frontera sur. Seguiremos defendiendo vigorosamente los esfuerzos del gobierno para proteger a nuestra nación”, señaló Alexei Woltornist, portavoz del Departamento de Justicia, en un comunicado.
Por su parte, Dror Ladin, abogado de la ACLU, dijo tras el anuncio de la corte que la lucha “no ha concluido”. El caso continuará, pero la decisión de la Corte Suprema deja entrever que es improbable que la ACLU triunfe a la larga. Incluso si lograra ganar, el muro ya habría sido construido.
El senador demócrata Chuck Schumer manifestó que la decisión contraviene “la voluntad del Congreso y la facultad exclusiva del Congreso de manejar el presupuesto, lo que nuestros fundadores establecieron en la Constitución”.
Las juezas Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan no hubieran permitido que se empiece a construir el muro. El juez Stephen Breyer dijo que él hubiera autorizado que el gobierno concluyera los contratos para ciertos segmentos, pero no que comenzara la construcción mientras la demanda se desahogaba. El gobierno había argumentado que, si no podía dar por concluidos los contratos para el 30 de septiembre, entonces perdería la capacidad de utilizar los fondos. Por ello solicitó una decisión rápida.
La Corte Suprema se encuentra en receso por el verano, pero a pesar de ello actúa en casos urgentes.
