Las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra cuatro altos militares señalados de ser responsables de torturas, debe incluir a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana, involucrados en aproximadamente 5.000 ejecuciones extrajudiciales sólo en el año 2018, aseguró el diputado y vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Armando Armas.
Según el informe presentado el pasado cinco de julio por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se recomienda al régimen usurpador de Nicolás Maduro disolver de forma inmediata a las Faes y establecer un mecanismo imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, dedicado a investigar estas muertes violentas para que los culpables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia, dijo el parlamentario.
“Las medidas adoptadas contra el General de División Rafael Ramón Blanco Marrero, el Coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, el Comandante Alexander Enrique Granko Arteaga y el Coronel Rafael Antonio Franco Quintero, todos militares de la Fuerza Armada Nacional y funcionarios de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim), como consecuencia del arresto, abuso físico y muerte del Capitán de la Armada, Rafael Acosta Arévalo, evidencia la violación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por la dictadura contra la disidencia”, aseguró.
El parlamentario señaló que pese a la petición de la ONU, el pasado miércoles Maduro felicitó al director de las Faes, José Miguel Domínguez y le ofreció todo el respaldo físico y logístico al denominado “escuadrón de la muerte”, explicando que es una actitud habitual de régimen hacer ese tipo de apoyos y reconocimientos a quienes torturan.
“Recordemos entre tantos otros hechos, que este 5 de marzo Maduro condecoró a los militares que impidieron la entrada de la ayuda humanitaria y protagonizaron una brutal represión en la frontera el 23 de febrero, ya antes lo había hecho con los oficiales que agredieron al pueblo durante las protestas de 2014 y 2017”, indicó Armas.
El vicepresidente de la Comisión de Política Interior considera que el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que los responsables de la barbarie sean castigados. “Todos estos casos han sido documentados y la Alta Comisionada de la ONU debe agilizar los trámites pertinentes para que la Corte Penal Internacional aplique las sanciones a que haya lugar”.
Armas es optimista en cuanto a que la impunidad existente en Venezuela podrá ser superada muy pronto, gracias a la labor encomiable, profesional y persistente de los activistas por los derechos humanos en nuestro país y por las acciones en curso, en diferentes organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las causas que se siguen ante la Corte Penal Internacional.
“Más temprano que tarde la justicia se impondrá y Venezuela recuperará la democracia, la libertad y la independencia de sus instituciones”, aseguró.
