El Dr. Aníbal Palacios, abogado penalista de extensa trayectoria en la región, advirtió que aquellos funcionarios, que tienen responsabilidades en el sistema carcelario venezolano, por descuido no se preocupen de proporcionar atención médica a los reclusos que se encuentran enfermos, están expuestos a ser castigados también con prisión.
Sus declaraciones se produjeron cuando fue consultado en torno a numerosos casos de privados de libertad que, según organizaciones no gubernamentales, han muerto a consecuencia de tuberculosis, hepatitis, VIH, salmonella y otras enfermedades. Se tienen registradas 39 defunciones el año pasado en todo el país. Y ya en Lara han ocurrido 19 fallecimientos en el primer trimestre de este año que fue el número que tuvo el estado en el 2018.
En primer término, dijo el Dr. Palacios, esta situación claramente constituye una violación de los Derechos Humanos porque es responsabilidad del Estado velar por la salud y de la vida de quienes están bajo su control. Concretamente, la titular del Ministerio Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, es la principal responsable. Y, por supuesto, los directores de cada penal.
Lo más grave es que cuando se deja agravar un recluso, se le está condenando a muerte, como ha venido ocurriendo con los casos de privados de libertad que han fallecido a consecuencia de serias enfermedades, algunas de ellas contagiosas.
En segundo lugar, todos estos funcionarios y los que tengan conocimiento de casos de enfermos dentro de las cárceles están expuestos a purgar condena porque al no ocuparse oportunamente de la salud de los reclusos, incurren en delitos contemplados en el Código Penal y la ley contra la corrupción.
Y se les aplican penas de esta ley porque existen partidas específicas para la atenciòn sanitaria de los reclusos, que deben ajustarse a las necesidades de éstos y no pueden ser utilizada para otros fines.
Además cuando un recluso padece una enfermedad contagiosa constituye un peligro para la población penal.
Refirió el Dr. Palacios que hace dos años asistía profesionalmente a un recluso, a quien no se le pudo llevar a juicio porque el juez que conocía de la causa renunció y luego pasaron los meses inútilmente porque no se nombró sustituto. Cuando iba a ser llevado a tribunales, fue asesinado.
Este es uno de los hechos que evidencia la gravedad del problema carcelario en Venezuela, donde a pesar de no existir ley de pena de muerte, la muerte está asentada en los penales.
