El Dr. Rafael Narváez, defensor de los Derechos Humanos, anuncia que se solicitará una comisión de médicos forenses nacionales e internacionales para demostrar la contundencia del informe Bachellet sobre asesinatos de disidentes por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El hecho de que el cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo no fuera entregado a sus familiares, ni siquiera visto por éstos antes de su sepultura por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), demuestra que estamos en presencia de un Estado criminal, que sigue violando impunemente la Constitución.
Al exponer su criterio el Dr. Rafael Narváez, quien tiene una trayectoria de más de tres décadas y media en la defensa de los Derechos Humanos, advirtió que la muerte del militar constituye un crimen de lesa humanidad, que implica a altos funcionarios del Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, quienes tendrán que
ser sometidos a la justicia porque al ser llevado este caso a la Corte Penal Internacional, indudablemente, se impondrá el castigo de rigor.
Prevaleció la ética profesional
Durante doce días el cuerpo del infortunado capitán de corbeta permaneció en la morgue de Bello Monte, a donde fue llevado después de su fallecimiento a consecuencia de las insoportables torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes a los cuales fue sometido.
Es muy grave que el Estado haya ordenado ocultar evidencias y pruebas de que había sufrido, según se conoció extraoficialmente, edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda como resultado de una rabdomiolisis por politraumatismos generalizados. El síndrome en cuestión es el que presentan las víctimas de terremotos, bombardeos y edificios derrumbados. Es decir, que fue aplastado.
Se pudo conocer que sufrió fractura en dieciséis costillas, ocho de cada lado; fractura del tabique nasal, escoriaciones en todo el cuerpo y presuntamente fue sometido a torturas con electricidad en los pies.
La ética profesional de los funcionarios de la morgue se sobrepuso a la
presión del régimen y filtraron el verdadero resultado lamentable de autopsia de ley.
Oportunidad de exhumación
Sin embargo, a pesar de todas las medidas arbitrarias perpetradas por el Estado no procedió a incinerar el cadáver y al no hacerlo, nos da una oportunidad tanto a los familiares del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo como a los que tenemos experiencia en Derechos Humanos a exigir la exhumación del cadáver para confirmar la verdad del lamentable suceso.
Inviolabilidad al derecho a la vida
Al militar, que fue incomunicado, torturado con ensañamiento y asesinado, se le violentaron dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el 43 y el 46.
El primero establece que el derecho a la vida es inviolable y ninguna ley o autoridad puede aplicar la pena de muerte. El Estado está en la obligación de preservar la vida de los que estàn privados de libertad.
Aquí debemos destacar la inobservancia del Ministerio Público, el cual tiene entre sus atribuciones la de garantizar la protección de los derechos humanos y el derecho a la vida, que es un principio universal. Ese organismo se ha hecho cómplice por no cumplir sus obligaciones constitucionales.
El artículo 46 de la Constitución determina que el Estado está obligado a respetar la integridad de las personas y, por lo tanto, nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes.
