La Iglesia venezolana ratifica que la salida al conflicto pasa por nuevos comicios con condiciones necesarias, además de cambios en la vida política y económica, reveló Monseñor Jesus González de Zarate, Arzobispo de Cumana, al dar a conocer la Exhortación Pastoral en ocasión de la CXII Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana.
Al leer parte del documento destacó que Venezuela clama un cambio de rumbo, un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) la actualización del Registro Electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y la supervisión de organismos internacionales como la ONU, OEA, la Unión Europea, entre otro.
Señaló que al finalizar los trabajos de la CXII Asamblea Ordinaria de la CEV, comparten con todo el pueblo de Venezuela sus reflexiones sobre la actual situación del país con la finalidad de poner en evidencia la magnitud de los problemas que nos aquejan, brindar orientaciones que nos ayuden a darles respuesta, y animar a todos a comprometernos en la construcción de un futuro mejor.
Recordó que reiteradamente han descrito la compleja y dramática situación política, económica y social que vive Venezuela, y que tiende a agravarse cada día, la cual quedó reflejada en el reciente Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (4 de julio de 2019). Allí se concluye, entre otras cosas, que:
.- “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela” (n° 75);
• “durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial” (n° 76);
.- “todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos.” (n° 77);
.- “miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han perdido la vida en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad” (n° 78);
.- “los pueblos indígenas venezolanos son objeto de graves violaciones de sus derechos individuales y colectivos” (n° 79);
.- “el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación.” (n° 80).
Además pone en evidencia que existen abundantes casos de detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos por parte de organismos del Estado (n°. 41-46) y sobre el uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operativos de seguridad (n° 47-52). Todo lo anterior ha sido denunciado desde hace bastante tiempo por diversas instancias nacionales e internacionales. Ejemplo de estas violaciones al estado de derecho son las recientes actuaciones de órganos del Estado que condujeron a la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo y la pérdida de la visión del joven Rufo Chacón, hechos que ya fueron condenados enérgicamente por la Comisión de “Justicia y Paz” de esta Conferencia
Destaca el documento que otro rasgo muy significativo de la actual situación es el éxodo de más de un 12% de la población venezolana, impulsado por la situación política, el empobrecimiento de la clase media y el menosprecio de los pobres. Una generación de niños y niñas no han visto a sus padres durante meses. Si la situación económica y social continúa en franco deterioro, el país puede perder en los próximos meses parte importante de su población.
Advierten que en esta crisis, van ganando terreno el deterioro moral de la sociedad con sus secuelas de violencia, mentira, corrupción e irresponsabilidad, y la desesperanza y el miedo de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los habitantes del país rechaza esta situación porque se encuentra en abierta contradicción con los tradicionales valores cívicos, culturales y religiosos que han caracterizado a nuestro pueblo. Los venezolanos seguimos apostando por una convivencia ciudadana plural, pacífica, en justicia, libertad y solidaridad, como lo establece la Constitución.
Tal como lo afirman en el Concilio Plenario de Venezuela, “una de las grandes tareas de la Iglesia en nuestro país consiste en la construcción de una sociedad más justa, más digna, más humana, más cristiana y solidaria”. Esto postula un decidido compromiso de todos por la defensa de la dignidad de la persona humana y el bien común.
Los regímenes políticos, ideologías, organizaciones o instituciones deben estar al servicio de estos principios fundamentales. Esto exige una decidida promoción y defensa de los derechos humanos, y una permanente denuncia de los abusos y violaciones de esos derechos, ya que “todos los atropellos a esa dignidad son atropellos al mismo Dios”4
La renovación ética y espiritual del país es tarea de todos. Esto nos exige favorecer la educación en principios y valores, desterrar de la vida social la mentira como instrumento de manipulación, erradicar la corrupción administrativa y el aprovechamiento de los bienes públicos. De igual forma, construir adecuados mecanismos para superar la violencia familiar y social. Para ello se hace necesario la participación de todos los sectores e instituciones en el diseño y realización de un proyecto de reconstrucción democrática del país en la justicia, la libertad y la paz, guiado por metas claras y tareas concretas.
Agregan que también exige comprender que la política tiene como finalidad el bien común y no los intereses particulares. Es perentorio para la recuperación de nuestro país que quienes se dedican al ejercicio de la política, o aspiren a hacerlo, lo hagan como una opción de servicio, – como “una alta forma de caridad”-, según la expresión del magisterio pontificio. Con políticos responsables, generosos, honestos, coherentes, capaces de movilizar la población a la consecución de grandes objetivos, se puede superar la crisis, ya que hay que enfrentar problemas y desafíos de gran magnitud.
La tarea de reconstruir Venezuela: decisiones urgentes.
Como afirmaron el pasado mes de enero, ante la realidad de un gobierno ilegítimo y fallido, Venezuela clama a gritos un cambio de rumbo, una vuelta a la Constitución. Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección en el menor tiempo posible de un nuevo Presidente de la República. Para que sea realmente libre y responda a la voluntad del pueblo soberano, dicha elección postula algunas condiciones indispensables tales como: un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial, la actualización del registro electoral, el voto de los venezolanos en el exterior y una supervisión de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, entre otras; igualmente el cese de la Asamblea Nacional Constituyente.
Estiman que ante la “emergencia humanitaria” en la que el sistema económico y político vigente ha sumido a toda la población, es urgente que se permita la entrada masiva y distribución de la ayuda de alimentos y medicinas, con participación y supervisión internacional, y deslastrada de las diatribas partidistas y del flagelo de la corrupción. La Iglesia Católica, a través de sus instituciones, y particularmente las Cáritas parroquiales, diocesanas y nacional, renueva su compromiso de participar, junto a otras organizaciones, en la recepción y distribución de esta ayuda humanitaria.
Advierte la Iglesia que los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos policiales y el Ministerio Público, en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, deben obrar conforme a la justicia y la verdad, y no al servicio de una parcialidad política. Así erradicarán de su seno las prácticas de persecución y tortura, y resguardarán, defenderán y harán respetar los derechos de todos, por encima de cualquier interés personal o partidista.
Para contribuir a esa renovación nacional, reiteramos nuestro compromiso como Iglesia de seguir fortaleciendo la fe en Jesucristo que sana y libera, y llevando esperanza a nuestro pueblo, a través del desarrollo de programas de formación y organización que permitan la defensa de los derechos humanos, la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica. Desde nuestras instituciones educativas, seguiremos brindando una educación de calidad que eleve los valores espirituales y ciudadanos de nuestro pueblo, señala la Exhortación.
