La aplicación de justicia en Venezuela se ha visto envuelta en serias contradicciones.
Las penas por hechos políticos son cada vez más severas, mientras que las sentencias por homicidio (a excepción del caso de Geraldine Moreno), no llegan a 6 años de cárcel para los culpables.
Esto demuestra que la criminalización de la disidencia es una realidad, a la vista de todos.
Mientras que el derecho a la vida es cada vez más vulnerable.