Una exhortación al Gobierno a cumplir con su deber de garantizar y respetar los derechos humanos (DDHH) de la población privada de libertad, hizo este miércoles la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV, a través de un comunicado.
El pronunciamiento de la máxima institución de la Iglesia Católica venezolana, se produce luego de la muerte de 30 detenidos, ocurrida el viernes pasado en las instalaciones del Centro de Coordinación Policial José Antonio Páez, en Portuguesa, cuando se produjo un presunto enfrentamiento entre rehenes y agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), con el fin de evitar una fuga masiva de presos
Tras lamentar este trágico suceso, la CEV recomienda intensificar el control de los establecimientos penitenciarios para frenar estos hechos que se han venido repitiendo, a la vez que expresó su solidaridad con los familiares de los reclusos fallecidos.
La CEV lamentó el hecho e indicó que se debe ejercer el control de los establecimientos penitenciarios para estos actos que se han venido repitiendo. Asimismo, se solidarizó con las familias de cada recluso.
El comunicado de la CEV expone:
Los sucesos ocurridos recientemente en un centro de detención en el Estado Portuguesa en donde murieron más de veinte personas privadas de libertad y otros tantos resultaron heridos, es una situación que se repite a pesar de los reiterados llamados a las autoridades del estado venezolano para que ejerza el control de los establecimientos penitenciarios y garantice íntegramente los derechos humanos de la población reclusa en los términos previstos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el derecho interno venezolano, instrumentos que establecen obligaciones indeclinables e indelegables a cargo de las autoridades del estado.
La custodia y el orden interno de los establecimientos penitenciarios no puede ser concedido o delegado por las autoridades estatales a particulares, específicamente a otras personas privadas de libertad que mediante la coacción y el ejercicio del terror mantengan un orden basado en la extorsión a los reclusos y sus familiares, en el ejercicio de la violencia y en diversos comercios ilícitos como el de estupefacientes, armas y otros.
Ante este suceso que lamentamos profundamente y que llenan de alarma, estupor y angustia a la población reclusa y a sus familiares, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado Venezolano recuerda nuevamente a las autoridades del Estado Venezolano que es su deber indeclinable garantizar y respetar todos y cada uno de los derechos humanos de la población privada de libertad, la cual se encuentra bajo su cuidado.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana una vez más clama por una efectiva y verdadera justicia ante las muertes de 30 detenidos el pasado viernes 24 de mayo en las Instalaciones de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, Estado Portuguesa que se suman a masacres producidas en otros calabozos policiales años anteriores y que han quedado en absoluta impunidad; decesos además que se han impuesto por la vía de los hechos en pena de muerte contra los detenidos.
Finalmente esta Comisión de Justicia y Paz con fundamento en los valores del Evangelio, el Magisterio de la Iglesia condena estas muertes y hace un llamado al Estado para que adopte medidas inmediatas que garanticen la vida y la integridad de las personas detenidas e inicie, a través de las instancias pertinentes las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales que bien, por acción u omisión hayan promovido y suscitado estas muertes que además de ser crímenes, son violaciones flagrantes a los Derechos Humanos.
No más muertes violentas en nuestras cárceles, no más impunidad. Enviamos a los familiares nuestro más sentido pésame.
