La Cámara de Diputados aprobó el jueves las cuatro leyes para regular el funcionamiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de policía militarizada con el que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aspira a pacificar México, un país que lleva doce años inmerso en la violencia vinculada al crimen organizado.
Las normativas, que el Senado avaló el martes, salieron adelante en las dos cámaras parlamentarias de forma casi unánime, apoyadas tanto por los grupos afines al ejecutivo como por la oposición. Detallan las normas sobre el uso de la fuerza, el registro de detenciones y el funcionamiento de la Guardia Nacional, y también se hacen modificaciones al sistema de Seguridad Pública de México.
“El gobierno de la República quería una Guardia Nacional y ya la tiene”, dijo el diputado René Juárez Cisneros, del opositor Partido Revolucionario Institucional. “Las y los mexicanos queremos ahora resultados”.
México registró el año pasado su número más alto de homicidios en los últimos 20 años y los asesinatos continuaron subiendo un 6,7% en los primeros cuatro meses de 2019, aunque bajaron levemente en abril. Pero la violencia vinculada al crimen organizado sigue siendo una de las principales preocupaciones de los mexicanos, y aunque este nuevo cuerpo ha generado esperanzas en algunos sectores, también suscitó preocupación en otros ante la posibilidad de que la seguridad quede militarizada por ley.
El senador oficialista Ricardo Monreal subrayó que el paquete de leyes aprobado “va a impulsar a un cuerpo de elite, profesionaliza el actuar de la policía, refrenda el carácter civil (de la Guardia Nacional), su naturaleza policial y da satisfacción plena a recomendaciones de organizaciones internacionales”, como la ONU, la Comisión Interamericana y los colectivos de derechos humanos. “Atendimos a todos y escuchamos a todos”, aseguró.
Sin embargo, estas organizaciones ya han mostrado su preocupación por la falta de transparencia a la hora de redactar la letra pequeña del actuar de la Guardia y, por ejemplo, que no vaya a estar sometida a un escrutinio independiente.
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en un comunicado emitido el jueves, consideró preocupante la utilización de términos “imprecisos” o una “regulación insuficiente e inconsistente” del principio de proporcionalidad y uso de la fuerza.
Amnistía Internacional fue más allá al asegurar que estas leyes secundarias “son contrarias a la legislación internacional”, ponen en riesgo los derechos humanos y minan la estrategia de seguridad propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según su comunicado, con esas normas la Guardia será una “fuerza todopoderosa, no sometida a escrutinio y con peligrosos poderes como la autoridad para detener a migrantes y el uso de la fuerza contra manifestaciones que no hayan legitimado”.
Entre los avances subrayados por los legisladores está, por ejemplo, que teóricamente se evitarán actos de tortura o desapariciones forzadas _dos de las acusaciones que se han hecho en varias ocasiones contra las fuerzas de seguridad_, porque la ruta de traslado de una persona detenida podrá ser registrada mediante dispositivos de geolocalización.
Aunque hasta ahora no había reglamento, la Guardia Nacional fue desplegada por primera vez en Veracruz a finales de abril conformada por soldados, marinos y policías federales bajo los emblemas de la nueva agrupación que, a partir de ahora, recibirá adiestramiento especial y nuevos reclutas.
El presidente nombró en abril a Luis Rodríguez Bucio, de 62 años, un militar que está en proceso de retiro y con experiencia en la guerra contra las drogas, como jefe del nuevo cuerpo, aunque estará bajo el paraguas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
