Realizar esfuerzos de inmediato para la implementación de planes y políticas públicas que atiendan de manera eficaz el impacto negativo que ha dejado la emergencia humanitaria compleja, que ha colocado los derechos de mujeres y niñas en una grave situación de vulnerabilidad, como parte de las acciones a favor de la recuperación económica, política y social del país, exigen a las autoridades y distintos actores políticos y de la sociedad civil.
El pronunciamiento está contenido en el informe de “Mujeres al límite 2019”, donde la coalición expone que la crisis de derechos humanos que vive Venezuela ha aumentado de forma alarmante las brechas de género colocando los derechos de mujeres y niñas en una grave situación de vulnerabilidad
Consideran que la combinación de una ausencia de políticas públicas efectivas en salud sexual y reproductiva, el colapso del sistema público de salud y la escasez de métodos anticonceptivos, ha generado un grave retroceso en el disfrute de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres venezolanas, impactando de manera alarmante en el aumento de la mortalidad materna, el embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual y abortos inseguros asociados a embarazos no deseados.
El informe “Mujeres al límite 2019” detalla que entre 2012 y 2016, se confirma la tendencia a altas cifras de muertes maternas en el país e incluye testimonios de profesionales de la salud que señalan que las pacientes se están complicando durante el embarazo a causa de infecciones, hipertensión arterial o hemorragias, para lo cual los centros hospitalarios no tienen los medicamentos ni insumos para atenderlas.
Salud sexual y reproductiva en emergencia
Según la investigación, en cuatro instituciones hospitalarias estudiadas por cada 4 partos hubo un aborto durante el período agosto-diciembre de 2018. Se registró un total de 2.246 abortos, lo que representa 15 abortos diarios en promedio.
Expertos consultados aseguran que esto se debe a las deficiencias nutricionales y a la falta de atención prenatal en el caso de los abortos espontáneos y en el de los inducidos los asocian a las fallas en la planificación familiar y las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos.
La investigación refiere que en 2018, según cifras de Cáritas, 21% de las mujeres embarazadas en parroquias de 7 estados de Venezuela presentaban desnutrición aguda, de las cuales 24% eran adolescentes menores de 19 años.
Esto refleja cómo las precarias condiciones socio-económicas en la que se encuentra la mayoría de la población venezolana condicionan el acceso a alimentos para toda la población, incluidas las mujeres embarazadas y cómo esto ha generado consecuencias graves para ellas y sus hijos por nacer.
En temas de salud sexual y reproductiva, debido a la gravedad del contexto actual en el país preocupa que las esterilizaciones quirúrgicas se ofrezcan como la única solución para protegerse de embarazos no deseados, la mayoría de ellas promovidas desde instancias oficiales en varias regiones. En estas prácticas se conocen casos de mala praxis y al menos una muerte.
También el informe da cuenta de la grave escasez de métodos anticonceptivos en Venezuela, que ronda en 90% y que los pocos disponibles tienen costos inaccesibles para una población que devenga uno de los salarios mínimos más bajos de la región.
Asimismo, la coalición Equivalencias en Acción, alerta que debido a la ausencia de respuestas y la negativa por parte de las autoridades en reconocer la existencia de la emergencia humanitaria compleja, muchas mujeres venezolanas deciden cruzar la frontera hacia Colombia o Brasil para dar a luz y recibir atención médica de calidad en otros países de la región.
Según Migración Colombia, entre abril y junio de 2018, se registró la entrada de 8.209 mujeres venezolanas embarazadas, 6.304 (76.7%) de ellas sin control prenatal y según un informe de la Secretaría de la Presidencia de Brasil, el 10% de los partos en el estado fronterizo de Roraima entre enero de 2017 y marzo de 2018, correspondieron a mujeres venezolanas.
Problemas que crecen con la crisis
Un capítulo de la investigación está dedicado a explicar que en el país existe una tendencia creciente en la jefatura femenina en el hogar y una clara división sexual del trabajo que limita, excluye y expulsa a las mujeres del mercado laboral público y formal que mantiene las brechas en materia de cuidados entre mujeres y hombres: según datos del INE para 2016, había 3.071.881 de mujeres dedicadas exclusivamente al hogar contra sólo 64.000 hombres.
Para las mujeres, esta responsabilidad por los cuidados ha disminuido sus oportunidades de ingresar al mercado laboral y de lograr autonomía económica debido a la crisis.
La violencia contra la mujer persiste y aunque se desconoce el número de casos que reciben anualmente los órganos receptores de denuncias, quiénes son los procesados y los que llegan a juicio, según cifras del portal Cotejo.info citadas por el informe, se encuentran 448 femicidios en Venezuela durante todo el año 2018, con un incremento en 10,89 % de la tasa de femicidio con respecto a 2017 y que 35 de cada 100 femicidios ocurrió a mujeres cuya edad oscilaba entre 25 y 45 años; mientras que en aproximadamente 27 de cada 100 se trató de mujeres de menos de 25 años.
La precarización de las condiciones de vida ha exacerbado una cultura que alienta la explotación sexual de mujeres y niñas. En ese sentido, Equivalencias en Acción señala que en 2018 se reportó explotación sexual en niñas y adolescentes indígenas de la etnia Wayuú en el estado Zulia; niñas y adolescentes explotadas sexualmente en La Guaira, estado Vargas; y cita la identificación de una red de trata y tráfico de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas que operaba en el Estado Táchira en la región fronteriza con el departamento Norte de Santander de Colombia, donde las víctimas eran traficadas hacia Brasil y Colombia.
Las mujeres indígenas continúan siendo marginadas y objeto de desidia estatal. Según datos de la Organización de Mujeres Amazónicas Wanaaleru citados por el informe “Mujeres al Límite 2019”, la violencia hacia esta población por motivos asociados a la actividad minera se centra en la construcción de poblados donde se instalan bares, casas de prostitución y ventas de comida controladas y administradas por los mismos trabajadores de la minería, quienes terminan haciendo negocios con fines de explotación sexual que derivan en altos índices de femicidios y violencia territorial.
El informe indica que las niñas y adolescentes que se encuentran en esta zona son obligadas a la escogencia para intercambios sexuales o compra de esclavas por gramos de oro.
La coalición Equivalencias en Acción, formada por las organizaciones AVESA, CEPAZ, Freya y Mujeres en Línea – indica la necesidad urgente de abrir las puertas para el espacio humanitario y garantizar la vida con dignidad de mujeres y niñas en Venezuela, generando políticas efectivas donde sus derechos no sean vistos como problemas de primer mundo.
