La recuperación y desarrollo de la infraestructura en Venezuela, dado su estado de deterioro, requiere implementar con urgencia un plan que requiere una inversión estimada cercana a los US$ 300.000 millones en un período de 10 a 15 años, según las estimaciones realizadas por la Cámara Venezolana de la Construcción, conjuntamente con el Colegio de Ingenieros, Academias y sectores sindicales
Solamente para la construcción de viviendas, se advierte que en estos momentos la capacidad real de edificación de unidades habitacionales no supera las 150.000 unidades al año, con tendencia a disminuir, tomando en cuenta la localización y saneamiento de terrenos disponibles, donde la dotación de servicios requiere de inversiones significativas.
Ante la crisis económica, la CVC ha venido proponiendo desde hace tiempo para la obtención de tan cuantiosos recursos, esquemas de Alianzas Público /Privadas, que han operado con resultados exitosos en países como México, Perú, Argentina y Chile
En el diagnóstico presentado se recuerda que uno de los principales problemas es el suministro de insumos básicos, debido a que la mayoría de las industrias proveedoras del sector están en crisis, lo que lleva a la CVC poner en duda la posibilidad de que en el país se construyan 500.000 viviendas por año sin suministro de estos insumos básicos.
Advierten que sólo para atender la infraestructura vial, de servicios y productiva, se requieren cerca de US$ 90.000 millones, donde se impone la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras, además su ejecución requiere de un escenario político distinto al actual.
Ratifican que la crisis del sector construcción se refleja en una caída acumulada de 55% del PIB en los últimos cinco años, con la pérdida de más de 1,5 millones de puestos de trabajo, resultando poco probable cambiar esta realidad con el mismo entorno político que no respeta la propiedad privada y no crea confianza para la inversión
De implementarse estas propuestas en el marco del Plan País, la recuperación de infraestructura permitiría una expansión del PIB nacional estimada de 7% por año, con la reactivación de la industria local, dejando todo el valor agregado en nuestro territorio.
Se plantea en el informe que los problemas de los servicios básicos como agua potable y electricidad son los más agudos y requieren atención prioritaria, garantizando a posteriori un mantenimiento permanente para evitar su colapso.
