Una controvertida decisión de la Corte Suprema argentina que podría retrasar el inicio del primer juicio a la expresidenta Cristina Fernández previsto para el 21 de mayo sacudió el escenario político y generó críticas de oficialistas que apuntaron que buscaría proteger a la principal dirigente opositora y eventual candidata presidencial en pleno año electoral.
La Corte Suprema pidió la víspera al tribunal a cargo del juicio a Fernández (2007-2015) el expediente en el que la actual senadora está imputada de supuesta corrupción para evaluar los recursos interpuestos por la acusada y otros imputados en la causa. La medida se produjo a pocos meses de las elecciones en las que la exmandataria se perfila cada vez con más fuerza como principal rival del presidente Mauricio Macri, que buscará la reelección.
Cuatro de los miembros del máximo tribunal, con la excepción del su titular Carlos Rosenkrantz señalado como afín al gobierno, solicitaron «con carácter de urgente” el expediente al tribunal federal para analizar las medidas tomadas por otras instancias judiciales sobre los recursos planteados por los procesados en los últimos meses.
Fernández, de 66 años, está imputada de supuestamente haber otorgado de forma discrecional obras públicas a un empresario allegado y haber recibido sobornos a cambio. Junto a ella están procesados el empresario de la construcción Lázaro Báez y más de una docena de exfuncionarios y empresarios.
En medio del alto impacto que tuvo la decisión judicial, Macri afirmó el miércoles en un acto que “todos queremos progresar y que eso sea reconocido y queremos que no haya impunidad”.
Para el oficialismo la decisión de revisar un largo expediente -lo que puede llevar bastante tiempo- evitará la imagen de Fernández sentada en el banquillo y el desarrollo de audiencias judiciales semana tras semana en el crucial periodo previo a la definición de las candidaturas y durante la posterior campaña electoral.
La exmandataria, quien afronta varias causas por supuesta corrupción, es la líder opositora mejor posicionada en las encuestas. La senadora todavía no formalizó su candidatura, que sus allegados dan por hecho.
Fernández, quien niega las imputaciones, había cuestionado ante el máximo tribunal que instancias judiciales inferiores le hubieran denegado diversas medidas de prueba como la presentación de más testigos y la realización de un análisis comparativo de las empresas que se beneficiaron con contratos de obras públicas durante su gestión.
La decisión de la Corte “es extraña, por lo menos, y tiene un gran condimento político», dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La Oficina Anticorrupción presentó un escrito reclamando que no se suspenda el inicio del juicio y un fiscal solicitó al máximo tribunal que garantice el inicio del proceso.
Varios juristas se sumaron a los cuestionamientos. El constitucionalista Gregorio Badeni dijo al canal de cable Todo Noticias que aunque la Corte tomó una decisión “válida” desde el punto de vista del derecho, “no es usual porque su doctrina es que no interviene hasta que no haya una sentencia definitiva y aquí no la hay”. Afirmó que lo “más razonable” sería que la Corte le pida al tribunal que subsane las resoluciones pendientes durante el juicio que se estima que durará más de un año.
“La Corte tiene que medir los efectos políticos de sus decisiones”, sostuvo Badeni, quien indicó que mientras existen expresidentes latinoamericanos condenados y presos, en Argentina “no hay una respuesta del Poder Judicial que deje más o menos satisfecha a la población”.
Para el jurista Daniel Sabsay, la decisión “beneficia” a una casi segura candidata de la oposición en momentos en que podría cambiar el signo político en Argentina debido a un regreso de Fernández al poder.
Sin embargo, otros expertos señalaron que la actuación de la Corte debe interpretarse como “un resguardo” de las garantías del proceso para evitar futuras nulidades en el juicio.
Políticos cercanos a la expresidenta celebraron. “Los ánimos están caldeados en el gobierno tras quedarse sin la foto de la expresidenta en el banquillo de acusados, la estrategia que tenía el Ejecutivo para el inicio de la campaña electoral”, dijo el exjefe de gabinete de Fernández, Aníbal Fernández.
Algunos opositores señalaron, en tanto, que la decisión de la Corte evita que Fernández sea vista como una víctima del gobierno y también favorece a Macri al garantizar “la polarización electoral” entre el mandatario y la expresidenta.
Fernández ha sumado en los últimos tiempos mayor apoyo electoral, aunque también es rechazada por una parte de la población que nunca votaría por ella en una eventual segunda vuelta.
La exmandataria se considera “perseguida” por fiscales y jueces que impulsan causas en su contra a pedido de Macri.
El fiscal de la causa que gestó el primer juicio por corrupción imputó a la exmandataria de “múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos». Indicó que la dirigente peronista y otros acusados habrían dado un trato preferencial a empresas de Báez para obtener obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz, lo cual supuso «la obtención de un rédito económico indebido y un perjuicio patrimonial multimillonario al Estado nacional».
