Como un “disparate jurídico impresentable” fue calificada por el constituionalista, Juan Manuel Rafalli, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en contra de seis diputados de la Asamblea Nacional, al establecer que deben ser jugados por tribunales ordinarios y allanarles su inmunidad parlamentaria, sin realizar previamente el antejuicio de mérito.
El especialista explicó que la institución de la Inmunidad Parlamentaria esta prevista en la Constitución, para proteger a quienes ejercen la función legislativa, además la investigación y control de la administración pública, es decir a los diputados, de decisiones judiciales que los perturben o impidan que ejerzan esa función.
Advierte que siempre va a haber alguna excusa, la simple comisión de algún delito, una investigación por cualquier hecho punible, para tratar de allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados que ejercen esta función, en un gobierno que no acepta el no tener el ejercicio de ella.
Rafalli señala que esto se enmarca en una sistemática agresión, por ejemplo, tan grave como este allanamiento a estas seis personas, que es una situación tan delicada, como es también el desconocimiento del paradero del diputado Gilber Caro, agregando que esto se enmarca en un rechazo y una agresión a la función parlamentaria, advirtiendo que no debemos olvidar que Venezuela es una República Federal, y esos diputados representan a sus estados y fueron electos popularmente
“Ahora, por qué es irregular el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos estos diputados, como lo fue también la del presidente de la Asamblea Nacional y fue también la del diputado Requesens. E indiscutible que el allanamiento de la inmunidad parlamentaria supone tres cosas: primero, que sólo te juzgue el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Ahora se han inventado, no solo suplantar la autorización para que proceda el juicio, en cabeza de esa Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, sino que además se han establecido en esas sentencias, un criterio absurdo, tanto en la de ayer como en la previa, de diputado Edgar Zambrano, al señalar nada más y nada menos, que la instigación a la insurrección, la traición a la patria, la conspiración, son delitos comunes y que por lo tanto, aplicando un viejo criterio de 2008 del propio TSJ y del Código Procesal Penal.
Los diputados solamente pueden ser jugados por el Tribunal Supremo de Justicia, realizarles el antejuicio de mérito y con la aprobación de la Asamblea Nacional, porque esta es la que le tiene que dar protección a sus diputados, lo que está precisamente vinculado a la separación los Poderes Públicos”, señala el Constitucionalista.
Advierte que no hay manera de que se destituya a un diputado por vía judicial, a través solamente de una decisión autónoma e independiente del Poder Judicial.
Denuncia el abogado que estas decisiones de tanta importancia, no las publica el TSJ en su portal, tal vez para que la gente no conozca los detalles, y si lo hace es mucho tiempo después, pero además, es un requisito fundamental que las sentencias tienen que estar firmadas por todos los magistrados y aquellos que disienten del criterio de la mayoría, salven sus votos, es decir que no puede haber sentencias que están firmadas por unos magistrados si y otros no, al comentar la posición de los magistrados Danilo Mojica y Marisela Godoy, que se negaron a suscribir esta sentencia.
“En consecuencia eso también es una irregularidad en el proceso de juzgamiento y de las formalidades que debe tener una sentencia para que sea, lo que llamamos en derecho, pero al final todas estas irregularidades desembocan en alguna medida, privativa de libertad o de cualquier naturaleza, estos diputados pasarían a ser perseguidos políticos y es por eso que ayer, nada mas y nada menos que el Grupo de Contacto de la Unión Europea, que sesionó en la busqueda de una solución democrática para Venezuela.
En su comunicado, formal y oficialmente introducen el caso del Gilber Caro y su paradero y en segundo lugar habla expresamente de la irregularidad de los procesos judiciales que se están adelantando en contra de diputados, para evitar que estos cumplan con su función legislativa.
Donde hay una sistemática judicializacion de todos los procesos para perseguir diputados, de nuevo esta haciendo aguas el tema de designación, organización y funcionamiento de los Poderes Públicos, que ya afecto al Tribunal Supremo de Justicia, que ha afectado a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la República a partir del 10 de enero y ahora se producen una serie de situaciones que no son normales, dentro de un país que está funcionando en el ámbito de la una Constitución y esta organiza la vida en sociedad y la relación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos con respeto del Estado”, señala Rafalli.
Raffalli advierte que “esto está mal y requiere de una solución, porque cada vez el país va a estar peor y la única solución posible, es darle privilegio al articulo 5 de la Constitución y es que el pueblo resuelva a través del sufragio, lo que está ocurriendo, pero a través de una elección auténtica, competitiva, que respete los principios de integridad electoral y es hacia allí a donde ha estado orientada con mayor insistencia, la presión internacional»
