A cinco meses de las elecciones presidenciales, Argentina anunció el uso de pistolas que emiten descargas electrónicas por parte de la policía, lo que fue cuestionado por organismos humanitarios que consideran que podrían ser empleadas de manera indiscriminada.
En una resolución publicada el martes, el gobierno de Mauricio Macri, quien busca reelegirse en octubre, habilitó a la policía y a otras fuerzas de seguridad federales a emplear este armamento que definió como «no letal» y está vigente en varios países de Europa y de la región como Chile, Colombia y Brasil.
La pistola marca Taser será un «medio intermedio para ejercer un uso gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes» y brinda «una opción táctica adicional en reemplazo de las armas de fuego», dice el decreto.
Sin embargo, su uso es objetado por grupos de derechos humanos que afirman que es un instrumento que puede matar y que su alegada condición de arma no letal llevará a un uso indiscriminado por parte de fuerzas policiales argentinas poco entrenadas y que tienden a cometer excesos.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó a la prensa que las fuerzas de seguridad comenzaron a tomar cursos de capacitación para incorporar estas armas que se usarán en una primera fase en estaciones ferroviarias, trenes y aeropuertos, donde hay mucha afluencia de gente y con el fin de contrarrestar «situaciones de violencia y descontrol».
En un momento en que la imagen del presidente está en caída por la crisis económica y la alta inflación, Bullrich es la integrante del gabinete mejor valorada en las encuestas por sus políticas más enérgicas de combate al delito, especialmente al narcotráfico.
La ministra dijo que está reglamentado el «uso racional de esta pistola cuando la situación significa riesgo para terceros” o para los agentes “que están actuando».
El gobierno alega que estudios realizados por las universidades de California y Winston-Salem de Estados Unidos y el Instituto de Medicina Legal de Málaga, en España, concluyeron que el empleo de armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas.
Según el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, las Taser son presentadas como un “arma menos letal”, pero la experiencia internacional demuestra que esa categorización conduce a usos indiscriminados “porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones”. Agregó en Twitter que organizaciones internacionales advierten que las víctimas fatales por el uso de las Taser puede ser personas desarmadas y que la American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles; ACLU en su sigla en inglés) afirmó que estas armas “ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control”.
Olga Fernández, licenciada en criminalística y perito en balística, dijo a The Associated Press que es “preferible el uso de la Taser para preservar vidas” en comparación con las armas de fuego, con las que existe el riesgo de que el proyectil rebote e impacte en una tercera persona y con las que disparan balas de goma que pueden generar daños a largo plazo como infecciones o desfiguraciones.
La Taser, cuya descarga genera una contractura muscular, permite “inhabilitar al sujeto al inmovilizarlo” y tiene un menor riesgo de generar daño “si es bien usada”, subrayó Fernández, pero la experta acotó que es un instrumento que también es empleado en torturas y provoca muertes, como la propia Naciones Unidas ha advertido.
Fernández señaló que el nivel de instrucción de las fuerzas policiales argentinas “no es el mejor” y que el uso de estas armas deberá estar muy bien reglamentado.
Uno de los puntos del reglamento que figura en el anexo de la resolución gubernamental indica que estas pistolas solo se podrán emplear «cuando resulten ineficaces otros medios no violentos» y en los siguientes casos: para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceros y para impedir la comisión de un delito.
